Qué dice la ley, en qué se diferencia de la violación y qué derechos tiene el imputado. Guía completa por el Dr. Pablo Abdías Pedroza.
23 de octubre de 2025 | Dr. Pablo Abdías Pedroza
Si usted o un familiar enfrenta una acusación por abuso sexual, este artículo explica qué dice la ley mexicana, qué tiene que probar la Fiscalía para que haya condena, cuáles son las penas y agravantes, en qué se diferencia de la violación, cómo funcionan estos casos en la práctica de los juzgados y qué derechos protegen al imputado durante todo el proceso.
El artículo 260 del Código Penal Federal establece que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, con pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa. El artículo 261 CPF agrava esa pena a seis-trece años cuando la víctima es menor de dieciocho años o persona sin capacidad de comprender el significado del hecho.
El texto del artículo 260 define qué entiende por «actos sexuales»: tocamientos o manoseos corporales obscenos, actos que representen sexo explícito, u obligar a la víctima a representarlos. También configura el delito obligar a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin consentimiento. Esto importa porque la ley no exige que haya contacto físico directo para que exista el delito: obligar a alguien a mostrar su cuerpo sin quererlo, bajo coacción, entra en el tipo penal. Cuando se usa violencia física o psicológica, la pena sube en una mitad tanto en el mínimo como en el máximo, por lo que el rango se convierte en nueve a quince años en el caso básico adulto, y de nueve a diecinueve años y medio en el caso del artículo 261.
En Aguascalientes, el equivalente al abuso sexual del Código Penal Federal recibe el nombre de atentados al pudor y está tipificado en el artículo 115 del Código Penal del Estado. Las penas estatales son considerablemente menores: seis meses a tres años de prisión en el caso general, de uno y medio a tres años cuando la víctima tiene entre doce y dieciocho años, y de tres a seis años cuando es menor de doce o se usa violencia. Esta discrepancia no es un detalle menor, porque determina ante qué autoridad se tramita el proceso y bajo qué marco de penas se encuentra el imputado según si los hechos caen en jurisdicción federal o local.
Para que haya condena por abuso sexual, el Ministerio Público debe acreditar tres elementos: que existió un acto sexual (tocamiento, manoseo, exhibición u observación forzada), que se realizó sin el consentimiento de la víctima o sin que esta pudiera darlo válidamente, y que el imputado no tenía el propósito de llegar a la cópula. Este último elemento, que a primera vista parece secundario, es lo que diferencia jurídicamente el abuso sexual de la violación.
El artículo 130 del CNPP es claro: la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. El imputado no tiene que probar su inocencia. En la práctica, cuando la Fiscalía lleva un caso de abuso sexual, el único dato de partida suele ser la declaración de quien dice haber sido víctima.
La reforma publicada en el DOF en marzo de 2026 al artículo 265 CPF (violación) estableció que el consentimiento no puede presumirse del silencio ni de la pasividad. Aunque esa reforma se introdujo en el tipo de violación, la lógica opera igual en el abuso sexual: la Fiscalía tiene que acreditar que el consentimiento no existió.
En los casos de abuso sexual, la Fiscalía suele presentar peritos psicólogos que dictaminan «daño emocional» o «síndrome de estrés postraumático» como evidencia del delito. El problema es que esos síndromes pueden presentarse por múltiples causas ajenas a un delito sexual, y la metodología pericial muchas veces no pasa un examen técnico riguroso.
Sin dictamen pericial con solidez técnica, sin evidencia física, sin testigos de la conducta, los Ministerios Públicos presentan a los jueces de control ese dicho como si bastara para vincular a proceso. Pero «dato de prueba» y «prueba» no son lo mismo: el primero alcanza para la vinculación, el segundo se exige para la sentencia condenatoria.
La diferencia entre los dos delitos no es de intensidad sino de tipo: la violación (artículo 265 CPF) requiere la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral. El abuso sexual (artículo 260 CPF) son los actos sexuales realizados sin ese propósito ni esa conducta. Aunque ambos delitos protegen el mismo bien jurídico —la libertad y el normal desarrollo psicosexual—, las consecuencias procesales son distintas.
La pena base por abuso sexual en el fuero federal es de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa (artículo 260 CPF). Las agravantes pueden cambiar completamente el escenario del imputado. A continuación se desglosan los rangos concretos:
Art. 20, apartado B, fracción I de la Constitución. Su inocencia se presume hasta que se declare su culpabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Art. 20, apartado B, fracción II constitucional. El imputado tiene derecho a no declarar. El silencio no puede interpretarse como confesión ni como indicio de culpabilidad, aunque socialmente se lea de otra forma.
Art. 20, apartado B, fracción VIII. El derecho a ser asistido por un abogado especializado en derecho penal que conozca el proceso desde sus primeras etapas.
Art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha establecido que el trato del imputado como culpable antes de la sentencia condenatoria viola ese derecho. México tiene obligación convencional de cumplir esos estándares.
Art. 20, apartado B, fracción III. Que se le informe de los cargos que se le formulan desde el momento de su detención y que declare solo en presencia de su defensor.
Art. 373 y 368 del CNPP. El derecho a contrainterrogar al perito psicólogo y a ofrecer perito propio de la defensa. Es una de las oportunidades más concretas en estos casos.
Los casos de abuso sexual son, junto con los de violación, los más difíciles de litigar desde la defensa, no porque la ley sea injusta con el imputado sino porque el contexto en que se litigan hace casi imposible aplicar el estándar de la presunción de inocencia con la neutralidad que la Constitución exige.
Cuando alguien es acusado de abuso sexual, lo primero que ocurre no es la audiencia inicial: es la destrucción reputacional. Los medios, las redes, el entorno familiar y laboral del imputado se enteran antes de que haya una sola prueba desahogada, y el juicio social ocurre en paralelo al proceso penal con reglas distintas, donde no hay presunción de inocencia, no hay carga de la prueba, no hay valoración de evidencia.
Dentro del proceso, el peso probatorio descansa de manera desproporcionada en la declaración de la víctima. Esto no está mal en sí mismo: el testimonio de la víctima es prueba válida y puede ser suficiente para condenar si supera el estándar requerido. El problema está cuando el peritaje médico es inconclusivo o inexistente, cuando no hay evidencia física y cuando el dictamen psicológico no soporta un examen técnico serio, y aun así el Ministerio Público decide llevar el caso a juicio oral.
En esos escenarios la defensa enfrenta una carga práctica que la ley no reconoce pero que la realidad impone: desvirtuar una acusación que no tiene más sustento que el relato de quien alega haber sido víctima, en un ambiente donde cuestionar ese relato se lee como agresión adicional hacia la persona que declaró.
«La presunción de inocencia no es un tecnicismo legal. Es lo que separa un sistema de justicia de un linchamiento.»
Una acusación por abuso sexual puede cambiar su vida y la de su familia de un día para otro. La diferencia entre enfrentar el proceso con una defensa técnica especializada o sin ella puede determinar años de libertad. Si usted o un familiar enfrenta esta situación, el primer paso es hablar con un abogado penalista que conozca el sistema desde adentro.
SOBRE EL AUTOR
Doctor en Derecho Penal, Maestro en Derecho Procesal Penal y Maestro en Derechos Humanos. Abogado penalista con más de 10 años de experiencia en la defensa de personas acusadas de delitos del fuero común y federal. Su práctica se centra en garantizar que cada imputado reciba la defensa técnica que la Constitución le garantiza, sin importar la gravedad de la acusación ni la presión mediática del caso.