POSESIÓN PARA CONSUMO PERSONAL

Posesión de drogas en México

La legislación mexicana distingue entre el consumidor de narcóticos y quien los posee con fines de comercio. Los umbrales del artículo 479 de la Ley General de Salud fijan los límites, pero la realidad en los ministerios públicos y juzgados suele ser muy distinta a lo que la norma establece. El Dr. Pablo Abdías Pedroza explica qué cantidades están permitidas, qué delitos se configuran cuando se excede la tabla y cuáles son los derechos del imputado desde el momento de la detención.

9 de noviembre de 2025  |  Dr. Pablo Abdias Pedroza

¿Qué dice la ley sobre la posesión de drogas para consumo personal?

La ley mexicana no persigue penalmente al consumidor que posee narcóticos en cantidades iguales o inferiores a la tabla del artículo 479 LGS: 5 gramos de cannabis, 500 mg de cocaína, 50 mg de heroína y 40 mg de metanfetamina. El artículo 478 LGS ordena al Ministerio Público no ejercer acción penal. Cuando la cantidad excede esos umbrales, puede configurarse posesión simple (art. 477 LGS, de 10 meses a 3 años) o posesión sin fines de comercio acreditados (art. 195 Bis CPF, de 4 a 7 años y 6 meses).

Este artículo analiza cómo funciona el sistema de no persecución penal para el consumidor, por qué la práctica ministerial y policial frecuentemente ignora esas protecciones, qué sucede cuando la cantidad excede la tabla y cuáles son los derechos constitucionales e interamericanos del imputado desde el momento de la detención.

TABLA DEL ART. 479

¿Qué cantidades están permitidas para consumo personal?

Ninguna cantidad de droga es «legal» en sentido estricto, porque la legislación mexicana no legaliza el consumo recreativo de ninguna sustancia. Lo que la ley prevé es un mecanismo de no persecución penal: el artículo 478 de la Ley General de Salud impide que el Ministerio Público inicie un proceso penal contra quien posea narcóticos dentro de los umbrales de la tabla del artículo 479, siempre que sea consumidor o farmacodependiente y la posesión sea para su estricto consumo personal e inmediato.

La tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud establece las siguientes cantidades máximas: opio, 2 gramos; diacetilmorfina o heroína, 50 miligramos; cannabis sativa, indica o mariguana, 5 gramos; cocaína, 500 miligramos; LSD, 0.015 miligramos; MDA, 40 miligramos en polvo o una unidad con peso no mayor a 200 miligramos en tableta; MDMA, 40 miligramos en polvo o una unidad con peso no mayor a 200 miligramos en tableta; metanfetamina, 40 miligramos en polvo o una unidad con peso no mayor a 200 miligramos en tableta.

Estos umbrales entraron en vigor con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y no han sido modificados. La tabla funciona como una presunción: si la cantidad es igual o inferior, se presume que la posesión es para consumo personal y el Ministerio Público no puede ejercer acción penal. Pero esa presunción tiene matices que en la práctica generan problemas serios, porque la autoridad ministerial con frecuencia desconoce o ignora esta disposición, y la persona termina detenida 48 horas o más antes de que alguien revise si la cantidad estaba dentro de la tabla.

En la realidad de las detenciones, es común que los policías no distingan entre un consumidor y un narcomenudista. La persona detenida con 3 gramos de cannabis o con 200 miligramos de cocaína termina siendo trasladada al Ministerio Público, donde se le inicia una carpeta de investigación y se le retiene hasta que el peritaje confirma el tipo y la cantidad de la sustancia. El artículo 478 debería operar desde el momento mismo de la detención, pero en la práctica eso no sucede.

CUANDO SE EXCEDE LA TABLA

¿Qué pasa si la cantidad supera el umbral del artículo 479?

Cuando la cantidad de narcótico supera los umbrales del artículo 479 pero no alcanza el resultado de multiplicar por mil esas cantidades, y las circunstancias no permiten considerar que la posesión está destinada al comercio o suministro, se configura el delito de posesión simple previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, con pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días multa.

El umbral de «mil veces la tabla» es la frontera entre narcomenudeo y narcotráfico federal. Para cannabis, el límite superior es 5 kilogramos; para cocaína, 500 gramos; para metanfetamina, 40 gramos. Quien posea cantidades superiores a esos topes ya no es investigado por narcomenudeo sino por el delito federal del artículo 195 del Código Penal Federal, con penas de 5 a 15 años cuando se acredita que la posesión tiene fines de comercio.

El artículo 195 Bis del Código Penal Federal complica el panorama. Sanciona con 4 a 7 años y 6 meses de prisión la posesión de narcóticos cuando por las circunstancias del hecho no puede considerarse destinada a producción, transporte, tráfico, comercio o suministro. Este tipo penal opera como una categoría intermedia: la Fiscalía no logra probar que la droga era para vender, pero la cantidad excede lo que razonablemente se consideraría consumo personal.

La Fiscalía frecuentemente imputa el artículo 195 del Código Penal Federal —posesión con fines de comercio, de 5 a 15 años— sin tener prueba alguna del destino comercial, confiando en que la cantidad por sí sola baste para convencer al juez. Cuando la defensa demuestra que no hay evidencia de comercio (sin básculas, sin bolsas fraccionadas, sin dinero en denominaciones pequeñas, sin testimonios de venta), la Fiscalía «baja» la imputación al artículo 195 Bis, que de todas formas implica hasta 7 años y medio de prisión. Este patrón refleja una estrategia que compromete la presunción de inocencia desde la primera audiencia.

CARGA PROBATORIA

¿Qué debe probar la Fiscalía para imputar posesión de drogas?

La Fiscalía debe acreditar tres elementos. Primero, que la sustancia es efectivamente un narcótico de los señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal o en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, lo cual se prueba mediante dictamen pericial en química o farmacología. Segundo, que el imputado tenía la posesión material de la sustancia: que la droga estaba bajo su control físico o a su disposición. Tercero, que la posesión no contaba con la autorización de la Ley General de Salud.

Para distinguir entre posesión simple (artículo 477 LGS) y posesión con fines de comercio (artículo 476 LGS o artículo 195 CPF), la Fiscalía tiene la carga adicional de demostrar las circunstancias que revelan la intención de comerciar o suministrar. La prueba pericial es el eje de estos casos: sin un dictamen que confirme que la sustancia es un narcótico controlado y que determine su peso exacto, la imputación no se sostiene. En la práctica, la cadena de custodia suele presentar irregularidades: la droga es pesada en campo por los policías con instrumentos sin certificación, luego es pesada de nuevo en el laboratorio, y las diferencias entre ambos pesos son frecuentes.

La Fiscalía también imputa con frecuencia la posesión con base en el informe policial de detención, sin corroborar de manera independiente las circunstancias. El agente que detuvo a la persona es al mismo tiempo quien narra los hechos, quien realiza la inspección corporal y quien asegura la sustancia. Cuando esa narración no se corrobora con video de cámaras corporales, con testimonios independientes o con evidencia física adicional, la defensa tiene campo para cuestionar la versión policial completa.

DERECHOS DEL IMPUTADO

¿Qué derechos tiene quien es detenido por posesión?

Todo imputado en un caso de posesión de narcóticos tiene los derechos que la Constitución reconoce en su artículo 20, apartado B. La presunción de inocencia obliga a que sea la Fiscalía quien demuestre la responsabilidad; el imputado no tiene que probar que la droga era para su consumo, es la Fiscalía quien debe probar que no lo era. El derecho a una defensa adecuada, garantizado por la fracción VIII del artículo 20 apartado B constitucional y por el artículo 8.2 inciso d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica contar con un abogado desde el momento mismo de la detención.

El artículo 16 constitucional exige que toda detención se realice con orden judicial o en flagrancia. En los casos de posesión de drogas, la mayoría de las detenciones se realizan bajo el supuesto de flagrancia: el policía dice haber observado que la persona portaba la sustancia a la vista. Sin embargo, esa «vista» presupone una inspección corporal que debió realizarse conforme al artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en condiciones que respeten la dignidad de la persona. La posesión simple del artículo 477 de la Ley General de Salud no está en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. La reforma del 31 de diciembre de 2024 amplió ese catálogo para incluir fentanilo y drogas sintéticas, pero excluyó expresamente el narcomenudeo: la posesión simple no genera prisión preventiva automática.

REALIDAD PROCESAL

La detención por posesión de drogas: lo que realmente ocurre

El proceso real de una detención por posesión de drogas sigue un patrón que los litigantes conocemos bien y que dista del procedimiento limpio que el Código Nacional de Procedimientos Penales describe. La persona es detenida por policías municipales, estatales o federales; se le realiza una inspección corporal en la vía pública —muchas veces sin testigos y sin las formalidades del artículo 268 del CNPP—; se le asegura la sustancia; y se le traslada al Ministerio Público. En el Ministerio Público queda retenida mientras se practica el dictamen pericial. El artículo 16 constitucional establece que la retención ministerial no puede exceder de 48 horas, pero es frecuente que ese plazo se agote sin que se haya concluido el peritaje.

Si el peritaje determina que la cantidad está dentro de los umbrales del artículo 479 y la persona se identifica como consumidor, el Ministerio Público debería dictar el no ejercicio de la acción penal conforme al artículo 478 y poner a la persona en libertad. Pero lo que sucede con frecuencia es distinto: aun cuando la cantidad está dentro de la tabla, el Ministerio Público puede argumentar que las «circunstancias del hecho» sugieren que la posesión no era para consumo personal. La zona de la detención, la hora, la forma de empaquetamiento de la sustancia, o simplemente la apreciación subjetiva del agente. Estas «circunstancias» no están definidas con precisión en la ley y dan a la autoridad un margen de discrecionalidad que se presta a abusos.

La audiencia inicial es otro momento donde se juega el destino del imputado. El juez de control debe verificar la legalidad de la detención, escuchar la formulación de imputación del Ministerio Público y resolver sobre medidas cautelares. En los casos de posesión simple, la defensa puede solicitar la libertad bajo medidas cautelares no privativas (firma periódica, prohibición de salir del país, garantía económica). Pero si la Fiscalía formuló la imputación por posesión con fines de comercio (artículo 476 LGS o artículo 195 CPF), el juez puede imponer la prisión preventiva oficiosa, y revertir esa medida toma tiempo durante el cual la persona permanece privada de su libertad.

CRITERIO DE LA SCJN

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre el límite de 5 gramos de cannabis?

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en mayo de 2022 que la porción normativa del artículo 478 de la Ley General de Salud que condiciona el no ejercicio de la acción penal a que la cantidad sea «igual o inferior» a la prevista en la tabla del artículo 479 es inconstitucional cuando se aplica de forma automática, sin considerar las circunstancias concretas de cada caso. La resolución surgió del amparo en revisión 548/2018: una persona fue detenida con una cantidad de cannabis superior a 5 gramos pero destinada a su consumo personal. La Primera Sala determinó que aplicar el límite de la tabla como una frontera rígida viola los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la privacidad.

En febrero de 2026, la Suprema Corte volvió a pronunciarse. Se otorgó amparo a una persona detenida en Ciudad Juárez el 7 de febrero de 2021 con cannabis superior a 5 gramos, y se ordenó al juez analizar si la cantidad era para consumo personal sin aplicar automáticamente el límite de la tabla. Sin embargo, no se alcanzaron los 6 votos necesarios para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que el límite de 5 gramos sigue vigente como regla general. Cuatro ministras votaron en contra de flexibilizar el límite, y faltó un voto para alcanzar la mayoría calificada.

Esto deja el panorama en una situación contradictoria: existe criterio de la Primera Sala que reconoce que la tabla no puede aplicarse de forma mecánica, pero la norma sigue vigente y las Fiscalías continúan aplicándola como una línea automática. Para quien es detenido con 6 gramos de cannabis destinados a su consumo personal, la realidad es que enfrentará un proceso penal y deberá tramitar un amparo individual para obtener la protección que la Corte ya reconoció —un proceso largo y costoso que la mayoría de consumidores no tiene recursos para emprender.

REFLEXIÓN FINAL

El sistema legal frente al consumidor de drogas

El sistema mexicano de control de drogas vive una contradicción que se profundiza con los años. La ley de 2009 quiso distinguir al consumidor del traficante con una tabla de umbrales fijos, pero la realidad ha demostrado que las cantidades rígidas no capturan la complejidad de los patrones de consumo ni protegen de manera efectiva a los usuarios. La Suprema Corte ha reconocido desde 2022 que la tabla no puede ser una frontera automática entre la libertad y la cárcel, y sin embargo, en febrero de 2026 faltó un solo voto para que ese criterio tuviera efecto general. Mientras tanto, miles de personas son detenidas cada año por poseer cantidades mínimas de sustancias destinadas a su consumo, sometidas a procesos penales que la propia legislación diseñó para evitar.

Si usted o un familiar han sido detenidos por posesión de drogas, la distinción entre consumo personal, posesión simple y narcomenudeo puede determinar si la persona enfrenta un proceso o queda en libertad. La defensa técnica desde la primera hora marca la diferencia.

PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre posesión de drogas y consumo personal

La tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud establece un umbral de 5 gramos de cannabis sativa, indica o mariguana para consumo personal e inmediato. Si un consumidor o farmacodependiente posee 5 gramos o menos, el artículo 478 ordena al Ministerio Público no ejercer acción penal. La Suprema Corte ha señalado que este límite no debe aplicarse de forma automática, pero la norma sigue vigente y las autoridades la aplican como regla general.

El procedimiento correcto es que los policías te trasladen al Ministerio Público para un peritaje. Si la cantidad está dentro de la tabla del artículo 479 y eres consumidor o farmacodependiente, el Ministerio Público debe dictar el no ejercicio de la acción penal conforme al artículo 478 y ponerte en libertad. Tienes derecho a guardar silencio, a un abogado desde la detención y a no ser incomunicado. La retención no puede exceder 48 horas.

La posesión simple del artículo 477 de la Ley General de Salud no está en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. La reforma del 31 de diciembre de 2024 amplió ese catálogo pero excluyó expresamente el narcomenudeo. La Fiscalía puede solicitar prisión preventiva justificada si acredita riesgo procesal específico, pero no procede de forma automática. Si imputa bajo el artículo 194 o 195 del Código Penal Federal (tráfico o posesión con fines de comercio), la prisión preventiva oficiosa sí procede.

La posesión simple (artículo 477 LGS, de 10 meses a 3 años de prisión) se configura cuando la persona posee narcóticos en cantidad inferior a mil veces la tabla del artículo 479, sin que las circunstancias permitan considerar que la posesión es para comercio o suministro. El narcomenudeo con fines de comercio (artículo 476 LGS, de 3 a 6 años) se configura cuando la posesión sí está destinada a comercializar o suministrar la sustancia, aun gratuitamente. La diferencia la determina la Fiscalía con base en las circunstancias: básculas, bolsas fraccionadas, dinero en denominaciones pequeñas, testimonios de compradores.

El consumo de drogas en sí mismo no es un delito conforme a la legislación mexicana. El artículo 199 del Código Penal Federal establece que al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico no se le aplicará pena alguna. Lo que la ley sanciona es la posesión, no el consumo. Si la sustancia ya fue consumida y no hay posesión material, no hay delito. Si hay posesión dentro de los umbrales de la tabla, el artículo 478 de la Ley General de Salud impide la persecución penal.

¿Lo acusan de posesión de drogas?

La diferencia entre consumo personal, posesión simple y narcomenudeo puede significar la libertad o años de prisión. El Dr. Pablo Abdías Pedroza analiza su caso con rigor técnico y defiende sus derechos desde la audiencia inicial.

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El Dr. Pablo Abdías Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana. Más información: abdiaspedroza.com