El artículo 368 del CNPP establece que la prueba pericial procede cuando se requieren conocimientos especiales para examinar personas, hechos u objetos relevantes para el proceso penal. Lo que pocos saben: un dictamen no es definitivo por sí solo; tiene que sobrevivir el contrainterrogatorio. El Dr. Pablo Abdías Pedroza, Doctor en Derecho Penal, explica cómo funciona este proceso desde dentro.
10 de marzo de 2026 | Dr. Pablo Abdías Pedroza
La prueba pericial es el medio por el cual un experto dictamina sobre hechos técnicos relevantes para el proceso penal conforme al artículo 368 del CNPP. El perito debe declarar personalmente en juicio oral y someterse al contrainterrogatorio de la defensa. Un dictamen con metodología deficiente, perito sin la titulación correcta o elaborado sobre evidencia con cadena de custodia rota puede ser cuestionado o excluido del debate.
Este artículo explica cómo se desahoga la prueba pericial en el juicio oral mexicano, qué exige el CNPP al perito, cuáles son los cuatro flancos para cuestionar al perito de la Fiscalía, y cuándo puede solicitarse la exclusión del dictamen en la audiencia intermedia conforme al artículo 264 del CNPP.
El artículo 368 del CNPP define la prueba pericial como el medio procedente cuando para examinar personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Es el fundamento legal que autoriza a ambas partes a presentar peritos en juicio.
El alcance de la prueba pericial en el proceso penal mexicano es amplio: medicina forense para fijar la causa de muerte en homicidios, química para identificar y pesar sustancias en delitos contra la salud, psicología para dictaminar sobre estados mentales o el testimonio de menores en delitos sexuales, informática forense para analizar dispositivos electrónicos, grafoscopía para autenticar firmas, balística, accidentología vial, valuación de bienes. Cada tipo de delito arrastra su propio universo pericial y cada dictamen tiene su propia lógica metodológica. Quien no entiende esa lógica no puede cuestionarla en la sala de audiencias.
Lo que el artículo 368 no dice, pero que cualquier litigante con experiencia conoce bien: los dictámenes de las Fiscalías no siempre se elaboran con los recursos, el tiempo ni los protocolos que exige el método científico riguroso. Se generan bajo presión institucional, con equipos que no siempre están calibrados, con muestras que no siempre son representativas, y con plazos que no corresponden a los que la ciencia requiere. Esas deficiencias no son visibles en el papel del dictamen. Se vuelven visibles en el contrainterrogatorio.
El artículo 369 del CNPP exige que el perito posea título oficial en la materia sobre la que dictamine, siempre que esté reglamentada. Si la ciencia o el arte no está reglamentada, debe designarse a una persona de idoneidad manifiesta que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación del área correspondiente.
Este requisito genera una primera línea de impugnación que con frecuencia pasa desapercibida: la acreditación del perito. La defensa tiene derecho a cuestionar si el perito que presentó la Fiscalía realmente tiene el título y la especialización que el dictamen requería. Un médico general que dictamina sobre psiquiatría, un biólogo que emite conclusiones toxicológicas sin la especialización correspondiente, un perito en criminalística que opina sobre psicología del testimonio: todas son situaciones que se presentan y que representan una vulnerabilidad real desde el primer momento.
La acreditación del perito se trabaja en la audiencia de juicio, durante el interrogatorio. El artículo 371 del CNPP establece que los peritos deben ser interrogados personalmente y que su declaración no puede sustituirse por la simple lectura del dictamen escrito. Esta disposición existe para garantizar precisamente eso: que la defensa tenga la oportunidad de enfrentarse directamente al perito, verificar sus credenciales y cuestionar la solidez de sus conclusiones, no que el juez lea un documento y decida sin que nadie pueda controvertirlo.
El perito rinde protesta ante el Tribunal de enjuiciamiento. La parte que lo propuso lo interroga primero. Acto seguido, la contraparte puede contrainterrogarlo. El artículo 372 del CNPP establece que en el contrainterrogatorio al perito se le pueden proponer hipótesis sobre la materia de su dictamen, a las que debe responder ateniéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos.
Esta es la diferencia sustancial con el sistema inquisitivo. En el sistema anterior, un dictamen pericial presentado por escrito tenía un peso prácticamente inamovible porque nadie podía cuestionar directamente al perito en el expediente. En el sistema acusatorio, el perito tiene que defender su dictamen en voz alta, frente al Tribunal y frente a la defensa. Tiene que explicar la metodología que usó, justificar sus conclusiones científicas y responder a hipótesis alternativas que la defensa le plantee. Si no puede hacerlo con solvencia, el Tribunal lo nota y está obligado a razonarlo en la sentencia.
El artículo 376 del CNPP permite, durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del perito, leer parte del informe que él mismo elaboró para apoyar la memoria del declarante, superar contradicciones o solicitar aclaraciones pertinentes. Cuando la defensa cita al perito una sección de su propio dictamen y le pregunta sobre el procedimiento técnico que describió ahí, la contradicción entre lo que el perito dice en sala y lo que firmó en el papel puede ser devastadora.
El artículo 337 del CNPP, en el marco del descubrimiento probatorio, establece que tratándose de la prueba pericial debe entregarse el informe respectivo a la contraparte. Esto significa que la defensa tiene derecho a conocer el dictamen de la Fiscalía con anticipación al juicio y preparar el contrainterrogatorio sobre su contenido específico, no llegar a la sala de audiencias a improvisar.
Dato procesal clave: Varios peritos de las Fiscalías no leen su propio dictamen con profundidad antes de comparecer en sala, porque lo redactaron bajo presión de tiempo o porque participaron en su elaboración de forma marginal. Cuando la defensa cita al perito su propio dictamen y pregunta sobre el procedimiento técnico que ahí se describe, la contradicción entre lo que declara en sala y lo que firmó en papel puede ser definitiva para la valoración del Tribunal.
En el contrainterrogatorio al perito la defensa puede atacar cuatro flancos: la falta de especialización o titulación, la parcialidad del perito, la ausencia de metodología científica explicitada, y el uso de una metodología de menor validez que las disponibles. Cualquiera de estos cuatro ataques, bien ejecutado, puede reducir o eliminar el valor probatorio del dictamen.
El ataque más poderoso y el menos utilizado es el metodológico. Las Fiscalías en delitos contra la salud con frecuencia presentan dictámenes que identifican la sustancia, determinan su peso y concluyen que se trata de un estupefaciente prohibido, pero no siempre explicitan el proceso técnico completo: qué equipo analítico usaron, si estaba calibrado en la fecha del análisis, si la muestra fue representativa del total incautado, si la cadena de custodia fue ininterrumpida hasta el momento del análisis. Cada uno de esos pasos no explicitados es una hipótesis que la defensa puede plantearle al perito en el contrainterrogatorio, y a la que el perito está obligado a responder ateniéndose a la ciencia, conforme al artículo 372 del CNPP.
El artículo 373 del CNPP establece las reglas para formular preguntas en juicio: toda pregunta debe ser oral y versar sobre un hecho específico. No se permiten preguntas ambiguas, conclusivas, impertinentes, irrelevantes ni argumentativas. Esto obliga a la defensa a ser muy precisa: no se puede ir al contrainterrogatorio a «ver qué sale». La estrategia de cuestionamiento del perito tiene que construirse desde la investigación del caso, identificando los eslabones débiles del dictamen antes de pisar la sala.
El artículo 374 del CNPP establece que las objeciones deben formularse antes de que el perito emita respuesta. Si la contraparte hace una pregunta inadecuada durante el contrainterrogatorio, la objeción tiene que plantearse de inmediato: una vez que el perito respondió, la objeción ya no procede en esos términos. Este es un error técnico frecuente entre defensores que no tienen práctica en litigio oral.
La prueba pericial obtenida con violación de derechos fundamentales es nula conforme al artículo 264 del CNPP. Esto incluye dictámenes elaborados sobre evidencia cuya cadena de custodia fue interrumpida o muestras obtenidas ilícitamente. La solicitud de exclusión del dictamen puede plantearse en la audiencia intermedia, antes de que el juicio comience, y con ello la prueba pericial sale del debate completamente.
Esta es una distinción procesal que vale la pena tener clara. La exclusión de un dictamen pericial por ilicitud es un argumento distinto al cuestionamiento de su validez científica en el contrainterrogatorio. La ilicitud ataca el origen de la prueba: si el dictamen se elaboró sobre una muestra obtenida en un cateo irregular, sobre evidencia sin cadena de custodia trazable, o mediante procedimientos que violaron derechos del imputado, la exclusión puede solicitarse antes del juicio. El cuestionamiento científico en el contrainterrogatorio, en cambio, no excluye el dictamen: lo somete a la contradicción y le resta valor probatorio ante el Tribunal.
Ambas estrategias pueden usarse simultáneamente cuando el dictamen tiene problemas tanto en su origen como en su metodología. La audiencia intermedia para excluir; el contrainterrogatorio en juicio para reducir el valor probatorio de lo que no fue excluido.
El artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IV garantiza al imputado el derecho a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Esto incluye el derecho a presentar su propio perito en juicio, con el mismo peso procesal que el perito de la Fiscalía o de la víctima, y sin que el Tribunal pueda descartarlo por el solo hecho de ser la defensa quien lo propone.
El perito de la defensa tiene las mismas obligaciones que el de la Fiscalía: prestar protesta, elaborar un dictamen escrito y declarar personalmente en la audiencia, sometiéndose al contrainterrogatorio del Ministerio Público. Cuando dos peritos contradicen sus dictámenes en sala, el Tribunal de enjuiciamiento tiene que razonar en la sentencia por qué le da más peso a uno que al otro. Ese razonamiento no puede ser una preferencia implícita por el perito oficial ni una descalificación sin fundamento del perito de la defensa.
El artículo 402 del CNPP establece que el Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica, y que nadie podrá ser condenado sino cuando el Tribunal adquiera la convicción más allá de toda duda razonable. Si los dictámenes de ambas partes son contradictorios y ninguno logra desacreditar completamente al otro, esa duda favorece al imputado, no como un favor sino como una exigencia constitucional.
El dictamen pericial no es el fin del debate en el juicio oral mexicano, es el inicio. Tiene que sobrevivir el contrainterrogatorio, superar la comparación con el perito de la defensa si lo hay, y convencer a un Tribunal que está obligado por el artículo 402 del CNPP a adquirir convicción más allá de toda duda razonable.
Los casos donde la prueba pericial se acepta sin cuestionamiento no son casos donde el perito tiene razón: son casos donde la defensa no se preparó para cuestionarlo. Esa preparación empieza antes del juicio, desde el descubrimiento probatorio, cuando la defensa recibe el dictamen y tiene la obligación de leerlo con ojo técnico, identificar sus huecos y construir la estrategia de contrainterrogatorio con precisión.
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El contrainterrogatorio pericial no se improvisa: se construye desde el descubrimiento probatorio, analizando cada eslabón metodológico del dictamen de la Fiscalía. El Dr. Pablo Abdías Pedroza, Doctor en Derecho Penal con más de 10 años de experiencia, revisa cada dictamen con ojo técnico y construye la estrategia de defensa frente a prueba pericial en toda la República Mexicana.
Dr. Pablo Abdías Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana.