El artículo 27 de la LGMDFP tipifica este delito con pena de 40 a 60 años. El Dr. Pablo Abdias Pedroza explica qué configura el tipo, qué prueba la Fiscalía y qué derechos tiene el acusado.
23 de marzo de 2026 | Dr. Pablo Abdias Pedroza
La desaparición forzada está tipificada en el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP) con pena de 40 a 60 años de prisión. Requiere la participación de un servidor público —o de quien actúe con su autorización, apoyo o aquiescencia— y la negativa a reconocer la privación de libertad o a informar sobre el paradero de la víctima. El delito es de carácter permanente e imprescriptible conforme al artículo 14 de la LGMDFP.
Este artículo explica qué configura el tipo penal del artículo 27 de la LGMDFP, cuál es la diferencia con el secuestro y con la desaparición cometida por particulares del artículo 34, qué debe probar la Fiscalía para obtener una condena, cuáles son las penas y sus modalidades, cómo opera la prisión preventiva automática derivada de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 2024 y cuál es la imprescriptibilidad del delito, qué papel juega el estándar interamericano del Caso Radilla Pacheco vs. México de la Corte IDH, y qué derechos asisten a quien es acusado en este tipo de proceso.
La desaparición forzada de personas está tipificada en el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, con última reforma el 1 de abril de 2024. El artículo 30 fija la pena en cuarenta a sesenta años de prisión.
El tipo exige tres elementos: la privación efectiva de la libertad de una persona, la participación de un servidor público o de un particular con su autorización, apoyo o aquiescencia, y la abstención o negativa a reconocer esa privación o a proporcionar información sobre la suerte, destino o paradero de la víctima.
La diferencia central con el secuestro —tipificado en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro— es la participación del Estado. El secuestro puede cometerlo cualquier persona sin vínculo con ninguna autoridad. La desaparición forzada exige ese nexo y, además, requiere la negativa de informar sobre el paradero, que es elemento constitutivo del tipo y no consecuencia posterior.
La desaparición cometida por particulares, tipificada en el artículo 34 de la misma LGMDFP, es un tipo distinto: quien priva de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, sin participación estatal. La pena conforme al artículo 35 es de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
El artículo 30 de la LGMDFP fija la pena para los delitos de los artículos 27 y 28 en cuarenta a sesenta años de prisión y de diez mil a veinte mil días multa. Cuando el responsable tiene el carácter de servidor público, se agrega la destitución e inhabilitación hasta por dos veces el lapso de la pena de prisión impuesta. El artículo 31 tipifica la omisión de entregar al nacido durante el período de ocultamiento: veinte a treinta años de prisión.
40 a 60 años de prisión + 10,000 a 20,000 días multa. Aplica al servidor público y al particular que actúa con aquiescencia estatal.
Los superiores que conocieron o debieron conocer las conductas y no las previnieron, impidieron o sancionaron son considerados autores del delito con la misma pena.
25 a 50 años de prisión + 4,000 a 8,000 días multa. Tipo autónomo del artículo 34, sin participación estatal requerida.
20 a 30 años de prisión + 500 a 800 días multa. Para quien omite entregar a la autoridad o familiares al nacido durante el período de ocultamiento de la víctima.
⚠ Inhabilitación hasta el doble de la pena: Cuando el responsable es servidor público, la inhabilitación puede superar los 120 años en casos con penas máximas. Afecta derechos laborales y civiles mucho más allá del tiempo en prisión.
La reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025, incluyó los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Esto significa que en la audiencia inicial el juez de control decreta la prisión preventiva de forma automática, sin necesidad de que el Ministerio Público la justifique conforme al artículo 167 del CNPP.
El límite temporal que establece la Constitución es de dos años, conforme al artículo 20, apartado B, fracción IX. La impugnación vía amparo indirecto, invocando la incompatibilidad de la prisión preventiva automática con el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), es una vía que la defensa puede explorar con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
El carácter permanente del delito —establecido expresamente en el artículo 14 de la LGMDFP— tiene otra consecuencia: la acción penal y la pena son imprescriptibles mientras la suerte o el paradero de la víctima no hayan sido determinados. Esta imprescriptibilidad convierte a la desaparición forzada en uno de los pocos delitos del sistema penal mexicano donde el paso del tiempo no extingue la posibilidad de proceso ni de sanción.
El Caso Radilla Pacheco vs. México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia del 23 de noviembre de 2009, es la referencia obligada en cualquier caso de desaparición forzada en México. Fue la primera condena internacional al Estado mexicano específicamente por ese delito. La Corte determinó que México había violado los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en relación con la obligación general del artículo 1.1, así como los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por México el 9 de abril de 2002.
Conforme al artículo 8.1 de la CADH, la investigación debe ser efectiva y realizarse dentro de un plazo razonable. El retraso injustificado viola la garantía de justicia.
Los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles no pueden ser conocidos por la jurisdicción castrense. Esta regla es vinculante para los juzgados mexicanos.
Se ordenó adaptar la legislación interna para tipificar y sancionar adecuadamente el delito. La LGMDFP de 2017 fue, en parte, consecuencia directa de esa sentencia.
Los estándares interamericanos son argumentos concretos para cuestionar la investigación, el plazo razonable (art. 8.1 CADH) y la garantía de defensa adecuada (art. 8.2 CADH) en casos específicos.
⚠ Datos reales: Entre 2019 y 2022 se registraron más de 35,000 desapariciones en el país, mientras que las sentencias condenatorias en esos mismos años fueron apenas 36 a nivel nacional, según el informe de visita in loco de la Corte IDH. La brecha no se explica por falta de tipos penales ni por insuficiencia de penas.
Artículo 20-B CPEUM: Derechos constitucionales
El imputado tiene derecho a ser informado de los hechos atribuidos y de sus derechos (fracción I), a guardar silencio sin que ese silencio se interprete como indicio de culpabilidad (fracción II), a una defensa técnica adecuada desde la detención (fracción VIII) y a la presunción de inocencia que obliga a la Fiscalía a probar cada elemento del tipo.
Artículo 359 CNPP: Estándar probatorio
El tribunal de enjuiciamiento debe tener convicción de que el delito existió y que el acusado participó con el grado de responsabilidad que la acusación describe. En la desaparición forzada, donde la prueba suele ser circunstancial y los testigos son frecuentemente víctimas con carga emocional, ese estándar es la herramienta central de la defensa.
Artículos 264 y 346 CNPP: Exclusión de prueba ilícita
El artículo 264 establece la nulidad de cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales. En casos que involucran a elementos de corporaciones policiales o militares, si el imputado fue incomunicado, si no pudo comunicarse con quien designó, o si la cadena de custodia tiene eslabones sin documentar, hay base para impugnar esa evidencia en la audiencia intermedia conforme al artículo 346.
Artículo 8.2 CADH: Garantías del sistema interamericano
Las garantías judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —presunción de inocencia, derecho a ser informado de los cargos, tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, derecho a un defensor de su elección— son aplicables directamente en el proceso penal mexicano conforme al artículo 1° constitucional y el control de convencionalidad.
La realidad de los casos de desaparición forzada en México es que la inmensa mayoría no llega a juicio oral. De acuerdo con datos de organismos especializados en seguimiento de este delito, entre 2019 y 2022 se registraron más de treinta y cinco mil desapariciones en el país, mientras que las sentencias condenatorias en esos mismos años fueron apenas treinta y seis a nivel nacional, según el informe de visita in loco de la Corte IDH. Esa brecha no se explica por falta de tipos penales ni por penas insuficientes; se explica por la dificultad de investigar delitos en los que el sistema que debería investigar es, con frecuencia, parte del problema.
Cuando sí hay imputado, el patrón que se observa en los juzgados es recurrente: la Fiscalía construye el caso sobre declaraciones de testigos con vínculos directos con la víctima, sobre registros de comunicaciones cuya cadena de custodia tiene huecos y sobre periciales que llegan con rezago al proceso. La defensa técnica que no examina cada eslabón de esa cadena desde la audiencia inicial está cediendo ventajas que después son muy difíciles de recuperar. El artículo 346 del CNPP permite excluir en la audiencia intermedia los medios de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales, y esa es la herramienta más efectiva que tiene la defensa antes de que el caso llegue a juicio oral.
Algo que es conocido entre litigantes que trabajan estos casos: la presión institucional para obtener una condena en delitos de alta visibilidad es real y afecta la forma en que la investigación se conduce. Las declaraciones de los testigos tienden a coincidir de forma sospechosa; los partes informativos de los elementos aprehensores describen los hechos con una uniformidad que rara vez corresponde a una percepción individual de los eventos; y los dictámenes periciales llegan al expediente ya orientados hacia la hipótesis de la acusación. La defensa que no cuestiona cada uno de esos elementos desde el inicio, con especificidad técnica, termina enfrentando en juicio una acusación que parece sólida precisamente porque nadie la cuestionó a tiempo.
México tiene desde 2017 una ley específica para la desaparición forzada. Tiene desde 2009 una condena de la Corte IDH que le ordenó investigar en serio. Y tiene, al mismo tiempo, una brecha entre esas normas y su aplicación real que ninguna reforma de catálogo ha cerrado. El problema no es la falta de tipos penales; es la dificultad estructural de perseguir penalmente delitos en los que el sistema de persecución penal forma parte de la cadena de responsabilidad.
La desaparición forzada es uno de los delitos más complejos del sistema penal mexicano. Las penas van de cuarenta a sesenta años, la prisión preventiva es automática y el delito no prescribe. Una defensa técnica especializada que actúe desde la audiencia inicial puede marcar la diferencia entre una condena y una absolución. Consulte su caso con el Dr. Pablo Abdias Pedroza, Doctor en Derecho Penal con más de 10 años de experiencia en la defensa de delitos complejos.
El Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana.
Más información: abdiaspedroza.com