Tres dimensiones de un derecho que determina quién prueba, cómo se trata al imputado y qué certeza necesita el juez antes de condenar. Artículo 20, apartado B, fracción I CPEUM y artículo 8.2 CADH.
21 de enero de 2026 | Dr. Pablo Abdias Pedroza
La presunción de inocencia opera en tres dimensiones: (1) regla de trato — ninguna autoridad puede tratar al imputado como condenado antes de la sentencia firme; (2) regla probatoria — la Fiscalía carga con toda la prueba, el imputado no tiene que demostrar su inocencia (tesis 1a./J. 26/2014, SCJN, registro 2006091); (3) estándar de juicio — el juez solo puede condenar cuando alcanza convicción más allá de toda duda razonable (artículo 359 CNPP). Base normativa: artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución y artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La presunción de inocencia es el derecho fundamental que más veces se declara vigente y más veces se erosiona en la práctica de los juzgados mexicanos. Este artículo analiza sus tres dimensiones operativas, la jurisprudencia de la Suprema Corte y la Corte IDH que las sostienen, y los tres patrones procesales por los que ese derecho, en los hechos, funciona con menos fuerza de la que el texto constitucional anuncia.
La presunción de inocencia tiene doble base normativa: el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución, dentro del proceso penal, y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), como garantía judicial de aplicación directa en México conforme al artículo 1 constitucional.
Que ambos ordenamientos lo consagran no es redundante, ya que tiene consecuencias prácticas. El artículo 1 constitucional, en su párrafo segundo, establece que las normas de derechos humanos del bloque de constitucionalidad se interpretan favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas. Así, si la CADH ofrece mayor protección que la ley secundaria, el operador jurídico está obligado a aplicar el estándar convencional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó ese criterio al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011, en la que estableció que los derechos humanos de fuente convencional y constitucional integran un mismo bloque normativo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 8.2 de la CADH de manera consistente a lo largo de décadas. Desde el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia del 12 de noviembre de 1997, la Corte IDH estableció que la presunción de inocencia es uno de los pilares del debido proceso y que su vulneración compromete la legitimidad del sistema de justicia en su totalidad. En el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, resuelto el 26 de noviembre de 2010, la Corte IDH señaló expresamente que los jueces no deben iniciar el proceso con una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado, ya que hacerlo convierte la presunción en letra muerta.
Como regla de trato, la presunción de inocencia exige que el imputado sea tratado como inocente dentro y fuera del proceso penal desde la primera diligencia hasta la sentencia. Ningún acto de autoridad puede darle el trato de condenado antes de que lo sea.
La Primera Sala de la SCJN desarrolló esta dimensión en diversas tesis de la Décima Época, entre ellas la tesis aislada 1a. CLXXVI/2013, que distingue entre la vertiente procesal y la extraprocesal de la regla de trato. La vertiente procesal afecta cómo debe ser tratado el imputado dentro del proceso: no puede recibir sanciones propias de la condena antes de que esta exista, y las medidas cautelares que se le impongan deben responder a fines estrictamente procesales, no punitivos. El artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) reconoce ese principio al establecer que las medidas cautelares no tienen función sancionadora.
La vertiente extraprocesal es la que más se viola en México, sin excepción. Las conferencias de prensa donde fiscales exhiben a detenidos esposados ante las cámaras, presentándolos como los «responsables» de un hecho antes de una sola audiencia, son una práctica sistemática que la Constitución prohíbe y que casi nadie sanciona. Los comunicados institucionales que anuncian la «captura del culpable» tienen el mismo problema: tratan al imputado como condenado antes de que ningún juez lo haya declarado tal. Esa violación es impugnable, y la tesis 1a. CLXXVI/2013 de la Primera Sala proporciona el argumento.
Como regla probatoria, la presunción de inocencia establece que quien acusa tiene la carga de probar. El imputado no debe demostrar su inocencia. La Fiscalía debe construir prueba de cargo suficiente; si no lo logra, la presunción no queda en «empate»: queda intacta y la absolución es obligatoria.
La SCJN desarrolló esta vertiente en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2014 (Décima Época), con número de registro 2006091 en el Semanario Judicial de la Federación. La tesis distingue dos reglas: la que establece las condiciones que debe satisfacer la prueba de cargo para ser suficiente para condenar, y la que ordena absolver cuando la prueba de cargo no alcance ese estándar. Ambas operan juntas: no basta con que la Fiscalía aporte prueba, sino que la prueba que aporte debe ser suficiente.
⚠ Problema frecuente en los juzgados: Cuando la Fiscalía presenta un testigo único o un parte informativo de los elementos aprehensores, se da por construida la prueba de cargo y se traslada implícitamente la carga al imputado para que «demuestre» que el testigo miente o que el parte está mal elaborado. Eso invierte la carga probatoria de una manera que viola la presunción de inocencia como regla: si la prueba de cargo es débil desde el inicio, la defensa no está obligada a hacer nada más. La insuficiencia de la acusación, por sí sola, debe producir la absolución.
Como estándar de juicio, la presunción de inocencia exige que el juez solo condene cuando alcance la convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, conforme al artículo 359 del CNPP. Si al término del juicio persiste una duda razonable, la absolución es la única respuesta jurídicamente posible.
El artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece el estándar probatorio para condena: convicción más allá de toda duda razonable. Esta fórmula no opera con porcentajes ni con probabilidades: significa que si al término del juicio oral existen dos versiones de los hechos, ambas razonables, una que apunta a la culpabilidad y otra que apunta a la inocencia, el juez debe absolver. La duda favorece al imputado siempre, no como privilegio, sino como consecuencia lógica de que quien debe probar es el Estado.
La Primera Sala de la SCJN ha reiterado en múltiples resoluciones que la condena con prueba insuficiente viola el artículo 20, apartado B, fracción I constitucional. Que el juez «crea» que el imputado es culpable no es suficiente: la convicción debe estar fundada en prueba sólida, no en intuición o en la suma de indicios débiles. Cuando esa exigencia no se cumple y la sentencia condenatoria se dicta de todos modos, hay un agravio constitucional impugnable mediante recurso de apelación ante el tribunal de alzada o, agotada esa instancia, mediante amparo directo.
En la práctica de los juzgados mexicanos, la presunción de inocencia enfrenta tres tensiones estructurales: la prisión preventiva automática del artículo 19 constitucional, la sobreclasificación deliberada de los delitos por la Fiscalía y la construcción de casos sobre prueba testimonial sin soporte técnico.
La prisión preventiva automática es donde la presunción empieza a ceder en la práctica. El catálogo del artículo 19 constitucional, ampliado por las reformas de 2008, 2019 y 2024, establece delitos para los cuales la privación de libertad es automática antes del juicio. El imputado que enfrenta uno de esos delitos va a prisión por el solo hecho de la imputación, no por prueba de culpabilidad. La Corte IDH señaló en García Rodríguez y otros vs. México, sentencia del 25 de enero de 2023, que ese mecanismo produce efectos punitivos antes de cualquier condena y es incompatible con el artículo 7.5 de la CADH.
La sobreclasificación deliberada es el segundo problema. En la práctica de los juzgados se observa que la Fiscalía tiende a imputar con la calificación más grave disponible para activar la prisión preventiva del artículo 19 constitucional, no necesariamente la que corresponde a los hechos demostrados. Con el imputado en prisión, la negociación se torna asimétrica: firmar un procedimiento abreviado desde la cárcel no es lo mismo que negociar desde la libertad, y la presunción de inocencia se convierte, en los hechos, en una garantía que no equilibró nada.
La prueba testimonial sin soporte técnico es el tercer problema estructural. Los expedientes más comunes en México se sostienen sobre el dicho de la víctima o la declaración del elemento aprehensor, sin dictamen pericial, sin cadena de custodia impecable, sin corroboración técnica. La presunción de inocencia como regla probatoria exige que ese tipo de prueba testimonial cumpla estándares de credibilidad verificables. Cuando la defensa acredita que no los cumple, la absolución es la respuesta que la Constitución manda.
Artículo 20, apartado B, fracción II de la Constitución. El silencio no puede tomarse como indicio de culpabilidad. Si el imputado ya está protegido por la inocencia presunta, no tiene que contribuir a destruirla con sus propias palabras.
Artículo 20, apartado B, fracción III de la Constitución. Sin saber qué refutar, la defensa es imposible y la presunción se vuelve formal. El imputado debe conocer los cargos desde la detención.
Artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución y artículo 8 de la CADH. Sin defensa técnica real, sin posibilidad de ofrecer prueba propia, sin acceso al expediente, la presunción existe en el papel pero no en la sala.
El derecho de defensa como garantía instrumental que hace posible la presunción de inocencia en la práctica. La defensa adecuada no es la que estuvo presente: es la que pudo actuar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido una doctrina sólida sobre la presunción de inocencia. Desde el caso Suárez Rosero vs. Ecuador (1997) estableció que su vulneración compromete la legitimidad del sistema de justicia en su totalidad. En el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010) señaló que los jueces no deben iniciar el proceso con una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. En García Rodríguez y otros vs. México (2023) la Corte IDH determinó que la prisión preventiva automática del artículo 19 constitucional produce efectos punitivos anticipados incompatibles con el artículo 7.5 de la CADH.
La presunción de inocencia no se defiende sola. Exige un abogado que conozca sus tres dimensiones y sepa cuándo y cómo invocarla: ante el Juez de Control, en los alegatos de cierre, en el recurso de apelación o en el amparo directo. Si la Fiscalía no tiene prueba suficiente, la absolución es su derecho. Consúltenos.
SOBRE EL AUTOR
El Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana. Más información: abdiaspedroza.com