El artículo 325 del Código Penal Federal establece una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, más de quinientos a mil días multa. En el estado de Jalisco, el Código Penal local contempla el mismo rango. La pena puede agravarse hasta en un tercio cuando la víctima es menor de edad, está embarazada, es adulta mayor o tiene discapacidad, o cuando el activo es servidor público que se vale de su cargo para cometer el delito.

La diferencia está en el elemento de «razones de género». El homicidio doloso, tipificado en el artículo 307 del Código Penal Federal con pena de doce a veinticuatro años, requiere solo la intención de privar de la vida. El feminicidio exige además que esa muerte ocurra por razones de género, acreditadas mediante alguna de las circunstancias específicas del artículo 325. Sin ese elemento probado, la conducta no es feminicidio, independientemente del sexo de la víctima.

Sí. La presunción de inocencia está consagrada en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Federal y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La gravedad del delito no la suspende. La carga de la prueba corresponde siempre a la Fiscalía, conforme al artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluye acreditar tanto la muerte de la víctima como las razones de género que configuran el tipo penal.

Sí, y de forma automática. El feminicidio está en el catálogo del artículo 19 de la Constitución Federal desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, lo que obliga al juez de control a decretar la prisión preventiva desde la imputación sin que la Fiscalía deba acreditar riesgo específico. Esto hace especialmente relevante la impugnación de la calificación del delito: si la defensa logra que el juez reclasifique a homicidio doloso, la prisión preventiva deja de ser automática.

Si la Fiscalía no acredita las circunstancias de género durante el proceso, no puede existir condena por feminicidio. El tribunal podría condenar por homicidio doloso si los demás elementos están probados, con una pena considerablemente menor. Por ejemplo en el estado de Jalisco, cuando no se acreditan las razones de género, la pena aplicable es la del homicidio sin calificativas: de ocho a veinte años, no de cuarenta a sesenta.

El procedimiento abreviado es técnicamente aplicable si se cumplen los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluyendo el consentimiento de la víctima indirecta, la aceptación de los hechos por el imputado y la aprobación del juez. El acuerdo reparatorio, en cambio, no procede porque el feminicidio afecta bienes jurídicos que la ley considera indisponibles. En la práctica, la viabilidad del abreviado en casos de feminicidio depende de múltiples factores procesales y su pertinencia como estrategia de defensa requiere análisis caso por caso.