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Portación de arma sin licencia: penas y defensa

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DELITOS ESPECIALES

Portación de Arma Sin Licencia

La diferencia entre el artículo 81 y el artículo 83 de la LFAFE puede significar la diferencia entre enfrentar el proceso en libertad o desde un centro penitenciario. Conozca las penas vigentes y los derechos del acusado.

29 de marzo de 2026  |  Dr. Pablo Abdias Pedroza

¿Cuántos años por portar arma sin licencia?

El artículo 81 LFAFE sanciona la portación de armas permitidas para civiles sin licencia vigente con 3 a 8 años de prisión, sin prisión preventiva automática. El artículo 83 LFAFE sanciona la portación de armas de uso exclusivo del Ejército con penas de 5 a 30 años según la fracción, con prisión preventiva oficiosa automática del artículo 19 constitucional. La diferencia entre ambos regímenes depende exclusivamente del tipo de arma portada.

Este artículo explica el marco legal completo de la portación de arma de fuego sin licencia en México conforme a la LFAFE (reforma DOF 29-05-2025): la clasificación de armas entre artículos 9, 10 y 11, las fracciones del artículo 83 con sus penas diferenciadas, los tres elementos del tipo que la Fiscalía debe acreditar, el régimen de prisión preventiva, las opciones procesales del imputado y los patrones recurrentes en los juzgados.

MARCO LEGAL

La distinción que lo determina todo: ¿qué tipo de arma era?

La LFAFE clasifica las armas en dos grupos: las permitidas para civiles (artículos 9 y 10) y las reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Armada (artículo 11). El tipo de arma define el artículo aplicable, el rango de pena y si procede o no prisión preventiva oficiosa. Sin conocer esta diferencia, es imposible construir una defensa eficaz desde el primer día.

Las pistolas calibre .380″ o de calibres inferiores que no estén en la lista expresa del artículo 11 son armas permitidas conforme al artículo 9, fracción I. Los revólveres calibre .38 Especial también. Lo que cambia todo es cuando el arma es una pistola 9mm Parabellum, una .38 Super, una .357″ o cualquier modelo que el artículo 11, inciso b), asigna expresamente a la Fuerza Armada Permanente.

Esa diferencia, que parece técnica, es la que separa el artículo 81 del artículo 83 de la LFAFE: la que decide si el imputado duerme en su casa o en el Centro de Reinserción Social a partir de la audiencia inicial. Entender esto es el punto de partida de cualquier análisis serio del caso.

PENAS APLICABLES

Artículo 81 LFAFE: portación de arma permitida sin licencia

El artículo 81 de la LFAFE sanciona con 3 a 8 años de prisión y multa de 100 a 400 veces el valor diario de la UMA a quien porte armas de los artículos 9 y 10 sin licencia vigente. Si se portan dos o más armas, la pena aumenta hasta dos terceras partes adicionales. No procede prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional.

Este es el supuesto más común: un civil detenido en un punto de revisión con una pistola calibre .380″ o un revólver .38 Especial, sin llevar consigo la licencia de portación. Lo que interesa desde la perspectiva de la defensa es que este delito no figura en el catálogo del artículo 19 constitucional para prisión preventiva oficiosa.

Para obtener prisión preventiva justificada, el Ministerio Público debe comparecer ante el Juez de Control y argumentar, con datos concretos de investigación, que existen riesgos de sustracción del imputado, peligro para la víctima o afectación al desarrollo de la investigación, conforme al artículo 167 del CNPP. Sin esos argumentos específicos, el imputado tiene derecho a enfrentar el proceso en libertad.

Art. 81 LFAFE (reforma DOF 29-05-2025): portación sin licencia de armas arts. 9 y 10 → 3 a 8 años + multa 100-400 UMA. Dos o más armas: pena aumenta hasta 2/3 adicionales. Sin PPO del art. 19 CPEUM.

PENAS AGRAVADAS

Artículo 83 LFAFE: portación de arma de uso exclusivo del Ejército

El artículo 83 LFAFE establece cuatro fracciones de pena según el tipo de arma de uso exclusivo que se porte sin licencia. La más frecuente en la práctica es la fracción II: portación de pistola 9mm Parabellum o calibres equivalentes, con pena de 5 a 10 años y prisión preventiva oficiosa. Las fracciones III y IV cubren armas de mayor potencia con penas de hasta 30 años.

Fracción I (incs. i, m)

Artificios especiales del art. 11 LFAFE
Pena: 3 meses a 1 año + multa 1-10 UMA
Sin PPO automática

Fracción II (incs. a, b) — MÁS FRECUENTE

Pistola 9mm Parabellum, .38 Super, calibres superiores a .38 Especial
Pena: 5 a 10 años + multa 100-300 UMA
⚠️ PPO automática art. 19 CPEUM

Fracción III (incs. c, d, e)

Fusiles, rifles, mosquetones, armas automáticas, escopetas prohibidas
Pena: 6 a 15 años + multa 150-500 UMA
⚠️ PPO automática art. 19 CPEUM

Fracción IV (incs. g, h, j, k, l)

Artillería, morteros y armas especiales
Pena: 20 a 30 años + multa 1,000-5,000 UMA
⚠️ PPO automática art. 19 CPEUM

⚠️ Agravante adicional: Si tres o más personas portan o emplean armas de las fracciones III o IV, la pena de cada una aumenta entre dos tercios y el doble. Quien emplee esas armas contra autoridades legalmente constituidas puede enfrentar hasta el doble de la pena de la fracción IV — potencialmente hasta 60 años.

ELEMENTOS DEL TIPO

Qué tiene que probar la Fiscalía

Para acreditar cualquier modalidad de portación ilegal, la Fiscalía debe probar tres elementos: que el arma existe y es identificable conforme a la LFAFE, que el imputado la portaba fuera de su domicilio en el momento de la detención, y que no contaba con licencia vigente expedida por la SEDENA. Sin acreditar los tres, el tipo penal no se configura.

El primer elemento, el arma, parece el más sencillo, pero en la práctica es donde más vulnerabilidades existen. La cadena de custodia del artículo 227 del CNPP exige que el indicio quede registrado desde el momento del aseguramiento. Cuando esa cadena presenta huecos, la defensa puede impugnar la prueba en la audiencia intermedia conforme al artículo 346 del CNPP y pedir su exclusión.

El segundo elemento, la portación, tampoco es tan obvio como parece. La LFAFE distingue entre posesión en el domicilio y portación fuera de él. El artículo 83 Ter regula la posesión simple de armas de uso exclusivo en el domicilio, con penas distintas y sin el mismo régimen de PPO. Si el arma fue encontrada en casa del imputado y no sobre su persona, la conducta podría encuadrar en posesión y no en portación.

El tercer elemento, la ausencia de licencia, se acredita o descarta con una consulta directa al Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la SEDENA. Si el imputado tenía licencia pero no la llevaba consigo, el artículo 78 LFAFE prevé solo una infracción administrativa con retención temporal del arma y un plazo de quince días hábiles para exhibirla. En ese caso no hay delito penal.

Elemento Lo que debe probar la Fiscalía Vulnerabilidad defensiva
1. El armaIdentificación balística + cadena de custodia art. 227 CNPPEslabones rotos en cadena de custodia → art. 264 CNPP
2. La portaciónArma sobre la persona fuera del domicilioPosesión en domicilio ≠ portación → art. 83 Ter LFAFE
3. Sin licenciaAusencia de registro vigente en SEDENASi tenía licencia: solo infracción adm. → art. 78 LFAFE

DERECHOS DEL ACUSADO

Derechos del imputado y opciones procesales

El imputado tiene derecho a conocer los cargos de inmediato (artículo 113, fracción I CNPP), a guardar silencio sin consecuencias adversas (artículo 20, apartado B, fracción II CPEUM), a una defensa adecuada desde el primer acto del procedimiento y a que la Fiscalía lo acredite culpable más allá de toda duda razonable (artículo 359 CNPP).

1
Art. 81 LFAFE — sin PPO: El procedimiento abreviado del artículo 201 del CNPP es una opción real si la evidencia es sólida. Negociar la pena mínima puede ser más razonable que arriesgarse a una condena en el rango superior. La suspensión condicional del proceso del artículo 192 CNPP podría ser viable en primodelincuentes.
2
Art. 83 LFAFE — con PPO: Desde la audiencia inicial, hay que evaluar si el Juez de Control puede, vía control de convencionalidad, inaplicar la PPO constitucional al caso concreto con base en el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3
Caso Tzompaxtle Tecpile vs. México (Corte IDH, 7-11-2022): La PPO sin evaluación individualizada del riesgo es incompatible con el artículo 7.5 CADH. Este argumento, articulado con precisión técnica ante el Juez de Control, puede cambiar la situación cautelar del imputado desde la primera audiencia.
4
Perito propio (art. 20 apart. B, frac. IV CPEUM): El imputado tiene derecho constitucional a ofrecer prueba pericial propia. En casos donde el calibre del arma puede ser cuestionado, un perito en balística puede ser el argumento más poderoso de la defensa.
📌 Nota importante: El artículo 78 LFAFE establece que si la persona portaba un arma sin llevar consigo la licencia correspondiente, la autoridad debe retenerla y dar un plazo de quince días hábiles para exhibirla. Exhibida la licencia, el arma se devuelve previo pago de una multa. No procede acción penal. Desgraciadamente, este procedimiento es ignorado con frecuencia por los agentes aprehensores.

REALIDAD PROCESAL

Lo que pocas fuentes dicen

En la práctica, los casos de portación de arma presentan dos patrones recurrentes: la sobreclasificación deliberada del tipo de arma para activar la PPO automática, y la construcción del caso sobre partes informativos uniformes con cadena de custodia deficiente.

Patrón 1: Sobreclasificación del calibre del arma

Un civil es detenido en un retén con una pistola cuyo calibre puede corresponder a 9mm Short (permitido, art. 9 LFAFE) o 9mm Parabellum (uso exclusivo, art. 11 LFAFE). Ante esa duda, la Fiscalía tiende a elegir la calificación más grave porque eso asegura la PPO automática, que le da más tiempo y más presión sobre el imputado para negociar. Es una estrategia procesal conocida, no siempre legítima, que la defensa debe confrontar con peritos propios desde el primer momento.

Patrón 2: Partes informativos uniformes

Los partes informativos de los agentes suelen contener frases prácticamente idénticas entre los distintos oficiales. Esa uniformidad, en un sistema acusatorio donde la declaración oral del testigo bajo contrainterrogatorio es el eje de la prueba, puede convertirse en el argumento más poderoso de la defensa. La prueba ilícita del artículo 264 del CNPP y el estándar probatorio del artículo 359 son los instrumentos disponibles.

REFLEXIÓN FINAL

Un marco legal en constante movimiento

Los delitos en materia de armas de fuego concentran uno de los debates más agudos del sistema penal mexicano: el de qué tan automática puede ser la privación de la libertad antes de que exista una sentencia. Con la reforma constitucional del 31 de diciembre de 2024 que amplió el catálogo de PPO, y con la reforma a la LFAFE del 29 de mayo de 2025 que ajustó penas, modificó definiciones de calibres y creó nuevos tipos penales vinculados a la fabricación de armas mediante tecnología aditiva y tridimensional, el panorama jurídico en esta materia sigue moviéndose.

En ese contexto, la distinción entre qué arma era, dónde estaba y si había o no licencia vigente no es un tecnicismo procedimental: es lo que separa una infracción administrativa de una pena de más de una década de prisión, y lo que determina si el imputado puede seguir sosteniendo a su familia mientras se resuelve su caso.

«La diferencia de milímetros en el calibre de un arma puede significar la diferencia entre enfrentar el proceso en libertad o desde un centro penitenciario. Esa es la realidad jurídica que todo imputado en estos casos debe comprender desde el primer día.»

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que más nos preguntan

Depende del tipo de arma. Por portar armas de los artículos 9 y 10 de la LFAFE (calibres permitidos para civiles) sin licencia, el artículo 81 establece de 3 a 8 años de prisión. Por portar armas de uso exclusivo del Ejército conforme al artículo 11, el artículo 83 establece: fracción II (pistola 9mm Parabellum o .38 Super): 5 a 10 años; fracción III (fusil, rifle, arma automática): 6 a 15 años; fracción IV (artillería): 20 a 30 años. Portar dos o más armas aumenta la pena en ambos artículos.
Solo si el arma es de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea (artículo 11 LFAFE). En ese caso, el artículo 19 constitucional dispone prisión preventiva oficiosa automática. Por el contrario, si el arma es de las permitidas para civiles (artículos 9 y 10 LFAFE), el artículo 81 no tiene asociada PPO: el Ministerio Público debe argumentar ante el Juez de Control razones concretas para la prisión preventiva justificada conforme al artículo 167 del CNPP.
La portación es llevar el arma fuera del domicilio sin licencia vigente, conducta sancionada con pena de cárcel por los artículos 81 y 83 de la LFAFE. La posesión en el domicilio tiene un régimen distinto: el artículo 7 de la LFAFE exige manifestarla ante la SEDENA para su registro, y no hacerlo genera una sanción administrativa (multa) conforme al artículo 77, fracción I, no una pena de prisión. Si el arma se encontraba en el domicilio del imputado y no sobre su persona, la calificación correcta es posesión, no portación.
El artículo 78 de la LFAFE establece que si la persona portaba un arma sin llevar consigo la licencia correspondiente, la autoridad debe retenerla y dar un plazo de quince días hábiles para exhibirla. Exhibida la licencia, el arma se devuelve previo pago de una multa de diez veces el valor diario de la UMA. No procede acción penal en ese supuesto. Desgraciadamente, este procedimiento administrativo es ignorado con frecuencia por los agentes aprehensores.
El artículo 27 de la LFAFE establece que a los extranjeros solo se les puede autorizar la portación de armas cuando cumplan los requisitos generales y cuenten con los permisos migratorios correspondientes. La Secretaría puede expedir permisos extraordinarios conforme a los artículos 28 y 28 Bis LFAFE, con base en el principio de reciprocidad. Fuera de esos supuestos específicos, un extranjero que porte un arma sin licencia enfrenta el mismo régimen penal que un nacional.

¿Lo acusan de portación de arma sin licencia?

El tipo de arma y la licencia determinan todo en estos casos. Consulte su situación con un Doctor en Derecho Penal antes de que el Ministerio Público determine la clasificación del delito. La diferencia entre el artículo 81 y el artículo 83 de la LFAFE puede ser la diferencia entre su libertad y años de prisión preventiva.

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SOBRE EL AUTOR

El Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana.

Más información: abdiaspedroza.com

Lavado de dinero: defensa

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DELITOS ESPECIALES

LAVADO DE DINERO: ART. 400 BIS CPF Y DEFENSA

El artículo 400 Bis del CPF tipifica el lavado de dinero en México con penas de 5 a 15 años. El Dr. Pablo Abdias Pedroza analiza los elementos del tipo, las penas y los derechos del imputado.

13 de diciembre de 2025  |  Dr. Pablo Abdias Pedroza

PUNTO CLAVE

¿Qué es el lavado de dinero en México?

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal tipifica como delito cualquier operación (transferencias, depósitos, compraventas, custodia) sobre recursos que el imputado sabe que provienen de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar su origen o de proteger al autor del delito previo. La pena básica es de 5 a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa. El conocimiento del origen ilícito es el elemento central de la acusación y el principal espacio de la defensa.

El lavado de dinero en México está tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal como ‘operaciones con recursos de procedencia ilícita’, con una pena básica de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa. Para que se configure el delito, la Fiscalía debe probar que el imputado realizó alguna operación con dinero o bienes sabiendo que tenían origen ilícito, y que actuó con el propósito de ocultar ese origen o de proteger a quien cometió el delito previo. El Dr. Pablo Abdias Pedroza, Doctor en Derecho Penal, analiza este delito desde la perspectiva de la defensa para que entiendas exactamente qué enfrenta quien es acusado de lavado de dinero en México.

DEFINICIÓN LEGAL

¿Qué es el lavado de dinero conforme al artículo 400 Bis del CPF?

El artículo 400 Bis del CPF tipifica como delito la adquisición, enajenación, administración, custodia, posesión, cambio, conversión, depósito, retiro, inversión, traspaso, transporte o transferencia de recursos o bienes cuando quien los maneja sabe que provienen de una actividad ilícita y actúa para ocultar ese origen o para proteger al autor del delito fuente. La pena básica es de cinco a quince años de prisión.

La lista de conductas es deliberadamente amplia: el legislador no quiso dejar sin tipificar ninguna forma de ‘procesar’ dinero de procedencia ilícita. Recibir un pago, abrir una cuenta bancaria, comprar un inmueble, firmar un contrato de arrendamiento o simplemente custodiar dinero en efectivo puede constituir lavado de dinero si la Fiscalía logra acreditar que quien realizó el acto sabía que los recursos tenían origen ilícito. El problema para la defensa es que ese ‘conocimiento’ rara vez deja rastro documental directo: la Fiscalía lo construye con indicios, circunstancias y el mapa financiero del imputado.

La ley distingue dos propósitos que son alternativos, no acumulativos: ocultar la naturaleza, origen, localización, destino, movimiento, propiedad o titularidad de los recursos; o bien, ayudar a que alguien que participó en la actividad ilícita evite ser investigado, procesado o sancionado. Basta con que la Fiscalía acredite uno de los dos. Esa alternatividad amplía considerablemente el margen de la acusación y reduce las posibilidades de desacreditar el tipo penal con un argumento aislado sobre el propósito específico del acto.

ELEMENTOS DEL TIPO

Qué tiene que probar la Fiscalía

La Fiscalía debe acreditar tres elementos: la existencia de un delito previo del que provienen los recursos, la conducta del imputado sobre esos recursos, y el conocimiento del imputado de que los recursos tenían origen ilícito. El conocimiento es el eslabón más débil de la cadena acusatoria.

ElementoQué debe probar la FiscalíaEspacio de la defensa
Delito fuenteDatos que hagan probable el origen ilícito de los recursos (no requiere condena)Cuestionar la vinculación entre los recursos y el delito previo
ConductaQue el imputado realizó alguna operación de la lista del art. 400 Bis CPFGeneralmente difícil de controvertir; el énfasis va en los otros dos elementos
ConocimientoQue el imputado sabía que los recursos provenían de actividad ilícitaMayor espacio: el conocimiento no puede presumirse y debe probarse más allá de toda duda razonable (art. 359 CNPP)

El primer elemento, el delito fuente, es el más debatido. La ley no exige una sentencia condenatoria firme por ese delito previo: basta con que la Fiscalía acredite ‘datos que hagan probable’ que los recursos derivan de una actividad ilícita. En la práctica, esto significa que una persona puede ser procesada por lavado de dinero sin que nadie haya sido condenado por el delito que supuestamente generó el dinero.

PENAS APLICABLES

Penas del lavado de dinero: artículos 400 Bis y 400 Bis 1 del CPF

La pena básica del artículo 400 Bis del Código Penal Federal es de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa. El artículo 400 Bis 1 CPF establece formas agravadas cuando el delito lo cometen servidores públicos, personas vinculadas al sistema financiero, o quienes utilizan terceros como pantalla para mover los recursos ilícitos.

Art. 400 Bis CPF — Modalidad básica

Prisión: 5 a 15 años
Multa: 1,000 a 5,000 días
Aplica a cualquier persona que realice operaciones con recursos de procedencia ilícita con conocimiento de su origen.

Art. 400 Bis 1 CPF — Formas agravadas

Penas mayores cuando el delito lo cometen servidores públicos, personas del sistema financiero, o quienes usan terceros como pantalla para mover recursos ilícitos.

Impacto patrimonial

La investigación financiera puede derivar en medidas cautelares sobre cuentas, inmuebles y empresas, incluso antes de que exista vinculación a proceso formal.

Delincuencia organizada

Si se acumula con delincuencia organizada, las penas se incrementan significativamente y se activa la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional.

⚠ Punto crítico: El lavado de dinero en su modalidad básica (art. 400 Bis CPF) NO está en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, salvo que el imputado sea acusado también de delincuencia organizada. La Fiscalía debe argumentar ante el Juez de Control por qué procede la prisión preventiva justificada conforme al artículo 167 del CNPP, y la defensa tiene espacio concreto para oponerse.

LFPIORPI Y UIF

Dónde comienza realmente la investigación

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, establece un sistema de vigilancia financiera que opera antes de que la Fiscalía abra una carpeta de investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas y puede bloquear cuentas de manera preventiva.

La LFPIORPI define dieciséis categorías de ‘actividades vulnerables’ cuyos participantes están obligados a reportar operaciones que superen los umbrales establecidos: entre ellas están los notarios y corredores públicos, las inmobiliarias, las joyerías, los casinos, las empresas de blindaje de vehículos, el comercio de automóviles, aeronaves y embarcaciones, las entidades de factoraje, y los prestadores de servicios profesionales cuando actúan en nombre de un cliente en transacciones financieras o societarias, lo que incluye abogados y contadores en determinadas operaciones.

Lo que muchas personas desconocen es que la investigación por lavado de dinero puede haber comenzado meses o incluso años antes de que el imputado reciba cualquier notificación formal. La UIF trabaja en silencio: construye el mapa transaccional del investigado, consolida la información financiera y le da forma a la teoría del caso antes de que la Fiscalía actúe.

AutoridadFunciónMomento de actuación
UIFRecibe reportes, analiza patrones, bloquea cuentas cautelarmenteAntes de la carpeta de investigación
FGR / FiscalíaAbre carpeta, formula cargos, solicita medidas cautelares al JuezDespués del reporte de la UIF
Juez de ControlAutoriza medidas cautelares, resuelve vinculación a procesoEn audiencia inicial

REALIDAD PROCESAL

Lo que pasa realmente en los juzgados federales

Los casos de lavado de dinero se construyen sobre registros bancarios, transferencias electrónicas, escrituras notariales y declaraciones fiscales, no sobre escenas del crimen ni testigos presenciales. La Fiscalía llega a la audiencia inicial con carpetas de miles de páginas de información financiera, y la defensa tiene que descifrar esa documentación bajo la presión del plazo constitucional de cuarenta y ocho horas o su duplica.

  1. 1

    Cargo adicional a otro delito federal. La Fiscalía imputa lavado de dinero junto a narcotráfico, robo de hidrocarburos, corrupción o trata de personas. La lógica: si el imputado recibió dinero vinculado a alguna de esas actividades, aunque sea en una sola transacción, se agrega lavado al pliego de cargos.

  2. 2

    Función negociadora del cargo. Incluir lavado de dinero amplía el período de investigación y fortalece la posición del Ministerio Público de cara a una salida alterna o a un procedimiento abreviado. Es una herramienta de presión procesal.

  3. 3

    El testaferro involuntario. Personas que prestaron su nombre, firmaron documentos o abrieron cuentas a petición de alguien más, sin conocimiento claro del destino de los recursos. Su participación documental es irrefutable, pero el elemento subjetivo del conocimiento puede debatirse con éxito si la defensa acredita buena fe desde el inicio del proceso.

⚠ Nota: En todos estos supuestos, la defensa necesita documentación de respaldo, testigos y una estrategia construida desde el inicio del proceso. El conocimiento del origen ilícito no se gana solo con la declaración del imputado.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Derechos del imputado acusado de lavado de dinero

Derecho a la defensa — Art. 20-B CPEUM

Nombrar un defensor desde el momento de la detención o desde que tenga conocimiento de la investigación, antes de cualquier declaración.

Derecho al silencio — Art. 20-B CPEUM

No declarar contra sí mismo. Ninguna declaración rendida sin presencia de defensor tiene validez procesal.

Prohibición de prueba ilícita — Art. 264 CNPP

Los registros financieros, intervenciones de comunicaciones o cruce de información obtenidos sin orden judicial pueden ser excluidos en audiencia intermedia (art. 346 CNPP).

Estándar probatorio — Art. 359 CNPP

La condena exige convicción más allá de toda duda razonable. Las inferencias de la Fiscalía sobre el conocimiento deben superar ese estándar, no la simple probabilidad.

Presunción de inocencia — Art. 20-B y CADH art. 8.2

El imputado no tiene que probar su inocencia. La carga de la prueba recae completamente en la Fiscalía en todos los elementos del tipo.

Conocer los datos de investigación — Art. 20-B CPEUM

El imputado tiene derecho a conocer los datos de investigación en su contra para preparar su defensa, desde el momento en que tenga conocimiento de la investigación.

ANÁLISIS JURÍDICO

El estándar probatorio y la defensa

Quien enfrenta una acusación por lavado de dinero tiene los mismos derechos que cualquier imputado en el sistema penal acusatorio: ser informado de la acusación, nombrar un defensor desde el momento de la detención o desde que tenga conocimiento de la investigación, no declarar contra sí mismo, conocer los datos de investigación en su contra y que las pruebas hayan sido obtenidas de manera lícita, conforme al artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la prohibición de utilizar prueba ilícita, y en los casos de lavado de dinero esto es especialmente relevante porque buena parte de la investigación se hace mediante obtención de registros financieros, intervenciones de comunicaciones y cruce de información entre autoridades. Si alguno de esos actos de investigación fue realizado sin orden judicial, la información puede ser excluida en la audiencia intermedia conforme al artículo 346 del CNPP.

«El lavado de dinero es el delito que más difumina la línea entre el ciudadano común y el delincuente. Una transferencia bancaria aparentemente normal, una firma en un poder notarial, una cuenta abierta a petición de alguien de confianza: cualquiera de estos actos puede convertirse en el núcleo de una acusación penal federal.»

PREGUNTAS FRECUENTES

Dudas comunes sobre lavado de dinero en México

La pena básica del artículo 400 Bis del Código Penal Federal es de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa. Las formas agravadas del artículo 400 Bis 1 CPF pueden elevar esa pena cuando el delito lo cometen servidores públicos, personas vinculadas al sistema financiero o quienes utilizan terceros como pantalla para mover los recursos ilícitos.
No. El artículo 400 Bis CPF no está incluido en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, salvo que el imputado sea también acusado de delincuencia organizada. La Fiscalía debe argumentar ante el Juez de Control por qué procede la prisión preventiva justificada conforme al artículo 167 del CNPP, y el imputado tiene derecho a oponerse con datos concretos sobre su arraigo familiar, laboral y social.
La UIF tiene facultades para bloquear cuentas bancarias de manera cautelar antes de que exista una vinculación a proceso formal. Este bloqueo puede dejarte sin acceso a tus recursos mientras la investigación avanza. La defensa puede impugnar estas medidas ante las instancias correspondientes y solicitar su levantamiento si no existe sustento suficiente en los datos de investigación que la UIF o el Ministerio Público han acumulado.
Sí. La ley no exige una sentencia condenatoria firme por el delito fuente. La Fiscalía solo necesita acreditar datos que hagan probable que los recursos provenían de una actividad ilícita. Esta interpretación ha sido aceptada por los jueces de control en numerosos casos, y es una de las razones por las que el lavado de dinero es un cargo de alto impacto procesal aunque no exista todavía una condena por el delito base.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012, establece obligaciones de reporte para dieciséis categorías de actividades vulnerables. El incumplimiento puede generar sanciones administrativas, y cuando hay dolo en el ocultamiento puede derivar en cargos penales. En la práctica, muchas investigaciones por lavado de dinero comienzan con un reporte de la UIF generado por una institución financiera o un prestador de servicios sujeto a la ley.
Eso es lo que se conoce como la situación del testaferro involuntario, que puede generar responsabilidad bajo el artículo 400 Bis o 400 Bis 1 CPF. Aunque la participación documental sea demostrable, el elemento del conocimiento puede debatirse si la defensa acredita que el imputado actuó de buena fe y sin información suficiente sobre el origen de los recursos. Ese debate requiere documentación que respalde la buena fe y una estrategia de defensa construida desde los primeros pasos del proceso.

¿Te acusan de lavado de dinero?

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SOBRE EL AUTOR

El Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana. Más información: abdiaspedroza.com