prisión preventiva

Secuestro: hasta 140 años, agravantes y defensa

por

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

SECUESTRO: HASTA 140 AÑOS, ART. 9 LGPSDMS

Penas de hasta 140 años, agravantes, prisión preventiva oficiosa y los derechos que el acusado conserva en el proceso penal acusatorio

13 de enero de 2026  |  Dr. Pablo Abdías Pedroza

¿Cuántos años de prisión dan por secuestro en México?

El artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece una pena base de 40 a 80 años de prisión para todas las modalidades del tipo, incluido el secuestro exprés. Con los agravantes del artículo 10 la pena puede llegar a 50-90 años (fracción I) o 50-100 años (fracción II). Si la víctima pierde la vida durante el cautiverio, el artículo 11 fija la pena en 80 a 140 años. Solo el artículo 12 puede reducirla a 4-12 años si la víctima es liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes sin que se haya logrado ningún propósito del artículo 9 y sin que concurra agravante alguno.

Este artículo explica qué dice la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuáles son las penas para cada modalidad, qué agravantes pueden elevar la sanción hasta ciento cuarenta años de prisión, qué significa la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional en la práctica procesal y qué derechos conserva la persona acusada, porque la gravedad de la pena no suspende la vigencia de la Constitución ni de los tratados internacionales.

LEY GENERAL DE SECUESTRO

Qué es el delito de secuestro y cómo lo define la ley en México

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, regula este delito a nivel federal. Su artículo 9 define la conducta central: privar de la libertad a otra persona con alguno de los propósitos que la propia ley señala.

El artículo 9 establece cuatro finalidades que convierten una privación de libertad en secuestro: el inciso a) perseguir un rescate o beneficio económico; el inciso b) retener a la víctima como rehén para obligar a terceros a realizar o abstenerse de un acto; el inciso c) causar daño o perjuicio a la víctima o a terceros; y el inciso d) el secuestro exprés, que consiste en privar de la libertad a una persona para ejecutar los delitos de robo o extorsión desde el momento mismo de la privación.

Lo que hace de este tipo penal un instrumento de persecución tan contundente es que la conducta se consuma desde el momento en que la víctima pierde su libertad ambulatoria con cualquiera de esas finalidades. Es un delito de resultado anticipado: la ley sanciona la privación de libertad con el propósito, no la consecución del propósito.

PENAS Y MODALIDADES

Cuántos años de prisión dan por secuestro en México

Las penas del secuestro en México se organizan en tres escalones que van de lo grave a lo extremo.

El primer escalón es la pena base del artículo 9: de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. Esta sanción aplica para cualquiera de las cuatro modalidades, incluido el secuestro exprés. Existe la idea equivocada de que el secuestro exprés es un delito menor: no lo es. La ley le asigna exactamente la misma pena que al secuestro con fines de rescate.

El segundo escalón son las agravantes del artículo 10. La fracción I eleva la pena a cincuenta a noventa años de prisión cuando concurre alguna de estas circunstancias: que el secuestro se realice en vía pública o lugar desprotegido; que los autores actúen en grupo de dos o más personas; que se emplee violencia; que se allane el inmueble donde se encuentra la víctima; que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta; o que la víctima esté embarazada.

La fracción II del artículo 10 impone de cincuenta a cien años de prisión cuando los autores sean o hayan sido miembros de alguna institución de seguridad pública, procuración o administración de justicia o de las Fuerzas Armadas; cuando existan vínculos de parentesco, amistad o confianza entre el autor y la víctima; cuando durante el cautiverio se causen lesiones graves a la víctima; cuando se ejerzan actos de tortura o violencia sexual; o cuando la víctima muera por alteración de salud consecuencia de la privación de libertad.

El tercer escalón es el artículo 11, que contempla la pena más alta de todo el sistema penal mexicano: de ochenta a ciento cuarenta años de prisión cuando la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes del secuestro. Ciento cuarenta años excede cualquier expectativa de vida humana y en la práctica equivale a una cadena perpetua sin que la Constitución la llame así.

ATENUANTE Y SIMULACIÓN

La atenuante por liberación espontánea y la simulación de secuestro

La ley contempla una atenuante específica en su artículo 12: si el autor libera espontáneamente a la víctima dentro de los tres días siguientes a la privación de libertad, sin haber logrado alguno de los propósitos del artículo 9 y sin que se presente alguna circunstancia agravante, la pena se reduce a cuatro a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. Esta atenuante tiene un efecto práctico enorme porque convierte un delito con un mínimo de cuarenta años en uno con un mínimo de cuatro, pero exige que se cumplan tres condiciones simultáneas: la liberación debe ser espontánea, debe ocurrir dentro de setenta y dos horas y no debe haberse materializado ninguna agravante ni ningún propósito.

La ley también sanciona conductas conexas. El artículo 13 impone de doscientas a setecientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad a quien simule su propia privación de libertad con alguno de los propósitos del artículo 9, lo que comúnmente se conoce como autosecuestro. El artículo 14 castiga con cuatro a dieciséis años de prisión a quien simule la privación de libertad de otra persona con la intención de conseguir alguno de esos mismos propósitos.

PRISIÓN PREVENTIVA

Prisión preventiva oficiosa en secuestro: qué significa y por qué limita la defensa

El segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un catálogo de delitos por los cuales el juez de control debe ordenar la prisión preventiva de oficio, sin que la defensa pueda solicitar una medida cautelar distinta. El secuestro forma parte de ese catálogo desde la reforma constitucional de junio de 2008.

Esto tiene una consecuencia procesal devastadora para el imputado: desde el momento en que el juez dicta el auto de vinculación a proceso por secuestro, la persona queda en prisión preventiva y permanece ahí durante toda la investigación complementaria, toda la etapa intermedia y todo el juicio oral. Si la defensa interpone recursos, la prisión preventiva continúa. He visto casos en los que la persona acusada de secuestro lleva tres, cuatro o cinco años presa antes de que se dicte sentencia, incluso en casos donde la sentencia final es absolutoria.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre esta figura en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, donde determinó que la prisión preventiva oficiosa tal como está regulada en el artículo 19 constitucional es incompatible con el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige que toda detención preventiva sea revisada judicialmente caso por caso. La Corte IDH ordenó a México adecuar su régimen de prisión preventiva, pero a la fecha esa adecuación no se ha producido.

Para la defensa, esto significa que la batalla procesal en un caso de secuestro empieza cuesta arriba: el imputado está preso, no puede preparar su defensa en libertad, y la presión para aceptar un procedimiento abreviado con una pena menor es enorme, incluso en casos donde la evidencia de la Fiscalía es débil.

CARGA PROBATORIA

Qué tiene que probar la Fiscalía para obtener una condena por secuestro

El artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Tribunal de enjuiciamiento solo puede condenar cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. En un caso de secuestro, la Fiscalía tiene que acreditar al menos tres elementos: primero, que existió una privación de la libertad; segundo, que esa privación fue realizada por la persona acusada o con su participación; y tercero, que la privación de libertad se efectuó con alguno de los propósitos específicos del artículo 9.

El tercer elemento es el que genera más litigio en la práctica porque la Fiscalía no solo tiene que demostrar que hubo una privación de libertad, sino que esa privación perseguía un fin concreto. Si acusa por secuestro con fines de rescate, tiene que probar que el autor pretendía obtener un rescate. Si acusa por secuestro exprés, tiene que probar que la finalidad era ejecutar un robo o una extorsión. Sin ese elemento subjetivo, la conducta puede ser una privación ilegal de la libertad del artículo 364 del Código Penal Federal, con penas sustancialmente menores, pero no un secuestro.

En la práctica, la Fiscalía suele construir estos casos con cuatro tipos de evidencia: el testimonio de la víctima, que es la prueba central en casi todos los secuestros; las llamadas telefónicas de negociación o extorsión; la localización geográfica de los dispositivos del imputado o la víctima; y los reconocimientos de personas, ya sean fotográficos o en fila de identificación. Cada uno de esos medios de prueba tiene vulnerabilidades que la defensa puede explotar.

DERECHOS DEL ACUSADO

Los derechos del acusado que no desaparecen por la gravedad del delito

El artículo 20, apartado B, de la Constitución garantiza a toda persona imputada un catálogo de derechos que no admite excepciones por la naturaleza del delito.

La presunción de inocencia, reconocida en la fracción I del apartado B del artículo 20 y reforzada por el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, significa que la Fiscalía carga con todo el peso de la prueba. Si la Fiscalía no alcanza el estándar de prueba, el resultado debe ser la absolución.

El derecho a una defensa adecuada, previsto en la fracción VIII del mismo apartado, implica que el imputado debe contar con un abogado que tenga acceso completo a la carpeta de investigación y que pueda ofrecer y desahogar pruebas en igualdad de condiciones con la Fiscalía.

El derecho a no autoincriminarse, previsto en la fracción II del apartado B, cobra especial relevancia porque la presión que ejerce la prisión preventiva oficiosa sobre el imputado es un incentivo perverso para que acepte responsabilidad en un procedimiento abreviado a cambio de una pena menor, incluso cuando es inocente.

El derecho a que se excluyan las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, previsto en la fracción IX del apartado A del artículo 20, es otra herramienta fundamental. Si la Fiscalía obtuvo una confesión mediante tortura, si los reconocimientos se realizaron sin presencia del defensor, si la geolocalización se obtuvo sin la autorización que exige la ley, esas pruebas deben ser excluidas conforme al artículo 264 del CNPP.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA

Estrategias de defensa que funcionan en casos de secuestro

La primera línea de defensa es cuestionar la identificación del imputado. En muchos casos de secuestro, la víctima estuvo vendada o encapuchada durante el cautiverio y la identificación se basa en un reconocimiento fotográfico realizado semanas o meses después. Si el reconocimiento no cumplió con las formalidades del artículo 278 del CNPP, la defensa puede solicitar su exclusión.

La segunda es atacar la cadena de custodia de la evidencia material conforme al artículo 227 del CNPP. Si la Fiscalía presenta un teléfono celular, un arma o dinero del rescate, tiene que demostrar que ese objeto fue recolectado, preservado y analizado conforme a los protocolos establecidos. Cualquier ruptura en la cadena de custodia genera una duda sobre la integridad de la evidencia.

La tercera es demostrar que la conducta no encuadra en el tipo penal del secuestro sino en otro delito con penas menores. La línea entre el secuestro exprés y el robo con violencia es delgada, y la distinción depende de si la privación de libertad fue un medio para ejecutar el robo o simplemente una circunstancia accesoria.

La cuarta es el amparo. Cuando la prisión preventiva se prolonga más allá de lo razonable, cuando se violan derechos fundamentales durante la investigación o cuando el auto de vinculación a proceso carece de datos de prueba suficientes, el juicio de amparo es la vía para que un tribunal federal revise la actuación del juez de control.

«La gravedad de las penas del secuestro no justifica que el Estado renuncie al debido proceso, que la Fiscalía construya acusaciones sobre evidencia débil o que el sistema de justicia trate al acusado como culpable antes de que exista una sentencia firme.»

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes sobre el delito de secuestro en México

La pena base es de cuarenta a ochenta años de prisión conforme al artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Con agravantes del artículo 10, la pena puede llegar a cincuenta a noventa años o a cincuenta a cien años. Si la víctima muere, el artículo 11 establece de ochenta a ciento cuarenta años. En la práctica, las penas impuestas en secuestros consumados rara vez bajan de cuarenta años salvo que aplique la atenuante del artículo 12 por liberación espontánea dentro de tres días.
Sí. El artículo 9, inciso d), de la Ley General de Secuestro establece para el secuestro exprés la misma pena que para las demás modalidades: de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. La idea de que el secuestro exprés es un delito menor es un error. La ley lo equipara penalmente al secuestro con fines de rescate porque en ambos casos existe una privación de libertad con un propósito delictivo específico.
El artículo 12 de la Ley General de Secuestro establece una atenuante cuando la víctima es liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a la privación de libertad, sin que se haya logrado alguno de los propósitos del artículo 9 y sin que concurra alguna agravante. En ese caso, la pena se reduce a cuatro a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. Esta reducción es sustancial, pero exige que se cumplan las tres condiciones de forma simultánea.
No bajo el régimen actual. El secuestro está incluido en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, lo que significa que el juez de control está obligado a imponer la prisión preventiva sin posibilidad de sustituirla por monitoreo electrónico, garantía económica o cualquier otra medida cautelar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este régimen incompatible con la Convención Americana en el caso Tzompaxtle Tecpile vs. México, pero México no ha modificado el artículo 19 para cumplir con esa sentencia.
La diferencia central es el propósito. El secuestro del artículo 9 requiere que la privación de libertad se realice con una finalidad específica: obtener rescate, tomar rehenes, causar daño o ejecutar un robo o extorsión. La privación ilegal de la libertad del artículo 364 del Código Penal Federal sanciona la privación de libertad sin esas finalidades específicas, con penas de seis meses a tres años en su modalidad básica, o de uno a cuatro años cuando se realiza con violencia. La distinción importa porque la diferencia en penas es abismal: cuarenta a ochenta años contra seis meses a cuatro años.
El artículo 20, apartado B, de la Constitución garantiza a toda persona acusada la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a no autoincriminarse, el acceso a los registros de la investigación y el derecho a que se excluyan las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refuerza estas garantías. Estos derechos no se suspenden ni se reducen por la gravedad del delito. La Fiscalía tiene la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable conforme al artículo 359 del CNPP.

¿Enfrenta una acusación por secuestro?

El secuestro tiene las penas más altas del sistema penal mexicano. Una defensa técnica, oportuna y con experiencia real en juicio oral puede marcar la diferencia entre décadas de prisión y una defensa efectiva. Consulte con el Dr. Pablo Abdías Pedroza.

Consulta por WhatsApp

El Dr. Pablo Abdías Pedroza es abogado con más de diez años de experiencia en la defensa de personas acusadas de delitos de alta penalidad en el sistema acusatorio. Cuenta con una maestría en derecho procesal penal, una maestría en derechos humanos y un doctorado en derecho penal. Ha litigado casos de secuestro, homicidio, feminicidio, delitos contra la salud, trata de personas y otros delitos complejos en juzgados federales y locales de toda la República Mexicana.

Extorsión: penas y defensa

por

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

Extorsión: penas y defensa

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión (LGPISDME), vigente desde el 29 de noviembre de 2025, derogó el artículo 390 del CPF. El tipo básico sanciona con 15 a 25 años de prisión. Tres niveles de agravantes (artículos 16, 17 y 18) pueden agregar hasta 37 años adicionales. Doctor en Derecho Penal analiza qué debe probar la Fiscalía y cuándo aplica la prisión preventiva automática.

18 de diciembre de 2025  |  Dr. Pablo Abdias Pedroza

¿Qué es la extorsión según la ley mexicana?

La extorsión en México está regulada desde el 29 de noviembre de 2025 por la LGPISDME, que derogó el artículo 390 del CPF. El artículo 15 sanciona al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o lucro, con penas de 15 a 25 años de prisión. La carga de la prueba corresponde en su totalidad a la Fiscalía; el estándar para condenar es la convicción más allá de toda duda razonable conforme al artículo 359 del Código Nacional.

Este artículo analiza los elementos del tipo penal del artículo 15 de la LGPISDME, los tres niveles de agravantes previstos en los artículos 16, 17 y 18, cuándo opera la prisión preventiva automática y cuándo no, las vulnerabilidades probatorias que la defensa puede explotar, y los derechos del imputado conforme a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

DEFINICIÓN LEGAL

¿Qué es la extorsión según la ley mexicana?

Desde el 29 de noviembre de 2025, la extorsión en México está regulada exclusivamente por la LGPISDME. El artículo 15 define el tipo básico: quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico, comete el delito. La pena es de 15 a 25 años de prisión más multa.

La definición es amplia por diseño. No exige violencia física ni amenaza explícita de daño futuro: basta que la conducta genere en la víctima una situación en la que cede ante la exigencia. La misma amplitud que el legislador buscó como virtud es, desde la perspectiva de la defensa, la principal vulnerabilidad del tipo: si no se acredita con precisión la conducta de obligación real y concreta, no hay delito.

La LGPISDME derogó el artículo 390 del Código Penal Federal, vigente desde 1984. Los procesos iniciados antes del 29 de noviembre de 2025 siguen tramitándose conforme a la legislación anterior, aunque el Juez puede aplicar la traslación del tipo cuando eso resulte benéfico para el imputado, según el artículo cuarto transitorio del decreto.

CARGA PROBATORIA

¿Qué tiene que probar la Fiscalía?

Para configurar el delito del artículo 15 de la LGPISDME, la Fiscalía debe acreditar tres elementos sin sustitución: que el imputado ejecutó una conducta de obligación real sobre la víctima, que actuó con dolo, y que buscó un beneficio o lucro o que causó un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. El estándar para la condena es la convicción más allá de toda duda razonable conforme al artículo 359 del Código Nacional.

Si alguno de esos tres elementos queda sin acreditar, no hay condena posible. En la práctica de los juzgados la Fiscalía construye muchos casos sobre la sola declaración de la víctima, sin apoyo pericial que verifique las comunicaciones y sin grabaciones cuya autenticidad esté acreditada conforme al artículo 227 del Código Nacional. El dolo es el elemento que con más frecuencia la Fiscalía da por sentado sin acreditarlo: no es suficiente con que alguien haya pedido algo con insistencia o con palabras duras. Quien exige el pago de una deuda real, por más agresiva que sea la forma, no necesariamente comete extorsión. La frontera entre ejercer un derecho de manera intempestiva y extorsionar es una que los acusadores explotan cuando no tienen prueba clara.

PENAS Y AGRAVANTES

Penas: los tres niveles de agravantes

La LGPISDME establece un sistema escalonado. El tipo básico del artículo 15 tiene pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. A esa pena se agregan los tres niveles de agravantes, y cada uno se suma de manera independiente cuando sus circunstancias se actualizan en el mismo hecho.

El primer nivel está en el artículo 16 de la LGPISDME: suma de 4 a 8 años cuando concurre alguna de las diez circunstancias que ahí se listan, entre ellas el cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole, que la víctima realice actividades comerciales o empresariales, que se le imponga el precio de sus productos o servicios, que se exija el pago mediante transferencia bancaria o activos virtuales, o que se le exija dinero por encontrarse en un supuesto riesgo o procedimiento legal. Esta última fracción es la que suele usarse en los casos de extorsión telefónica donde el imputado simula ser autoridad.

El segundo nivel, previsto en el artículo 17 de la LGPISDME, suma de 5 a 12 años adicionales. Sus circunstancias incluyen que la víctima sea migrante, menor de edad, persona embarazada o mayor de sesenta años, que el imputado tenga una relación de confianza con la víctima, que se empleen datos personales, imágenes, audios o videos para coaccionar, ya sean reales o manipulados, que se use telefonía celular o cualquier plataforma digital, o que el imputado señale tener privada de la libertad a una persona sin estarlo para exigir dinero.

El tercer nivel, del artículo 18 de la LGPISDME, es el más severo: suma de 7 a 17 años cuando hay violencia física, cuando el imputado usa armas o instrumentos peligrosos, cuando se ostenta como miembro de la delincuencia organizada, cuando comete el delito desde el interior de un centro penitenciario, cuando intervienen dos o más personas, cuando porta vestimentas de instituciones de seguridad pública, o cuando la extorsión tiene como fin obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión. El artículo 35 de la LGPISDME prohíbe en todos los casos los beneficios de libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena y todos los beneficios preliberacionales. No hay salida anticipada bajo ningún esquema.

PRISIÓN PREVENTIVA

Prisión preventiva: cuándo es automática y cuándo no

El artículo 32 de la LGPISDME establece que la prisión preventiva oficiosa solo opera cuando al imputado se le atribuyen, además del tipo básico del artículo 15, agravantes de los artículos 17 o 18. Para el tipo básico solo, sin ninguna de esas agravantes, la Fiscalía debe argumentar la prisión preventiva justificada ante el Juez de Control conforme al artículo 167 del Código Nacional, acreditando peligro de sustracción, obstaculización o daño a la víctima. Sin esa acreditación, la privación de libertad durante el proceso no es automática.

Esto merece atención porque la reforma constitucional del 31 de diciembre de 2024 incorporó la extorsión al catálogo del artículo 19 de la Constitución como delito sujeto a prisión preventiva oficiosa. La LGPISDME acotó esa regla general al exigir que la prisión preventiva solo procede cuando concurren las agravantes de los artículos 17 o 18. Para los casos que solo involucran el tipo básico del artículo 15, sin ninguna de esas agravantes, la defensa tiene base legal sólida para oponerse a la prisión preventiva automática y exigir que la Fiscalía acredite los presupuestos del artículo 167 del Código Nacional.

Lo que pasa en los juzgados, sin embargo, es que la Fiscalía sobreclasifica de manera deliberada. Agrega agravantes de los artículos 17 o 18 aunque los hechos de la carpeta no las soporten, con el único propósito de activar la prisión preventiva automática y aumentar la presión sobre el imputado para que acepte una negociación. Reconocer ese patrón desde la audiencia inicial, impugnar la clasificación con datos concretos de la carpeta y forzar al Ministerio Público a acreditar cada agravante que invoca es, en muchos casos, la diferencia entre que el imputado pase el proceso en libertad o encerrado.

DERECHOS DEL ACUSADO

Los derechos del imputado en un caso de extorsión

El artículo 20, apartado B, de la Constitución y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan al imputado presunción de inocencia, defensa adecuada desde el primer acto del procedimiento, conocimiento de los cargos, no autoincriminación y proceso sin dilaciones injustificadas. El artículo 113 del Código Nacional reconoce además el derecho a designar defensor de confianza desde ese primer acto. Esos derechos no desaparecen por la gravedad de la acusación.

La regla de exclusión de prueba ilícita del artículo 264 del Código Nacional aplica con toda su fuerza en los casos de extorsión, sobre todo cuando la evidencia incluye grabaciones telefónicas obtenidas sin autorización judicial, intervención de comunicaciones privadas sin control previo del Juez de Control, o registros de cuentas bancarias sin orden de acceso formal. Si esa evidencia se obtuvo fuera del procedimiento de los artículos 291 a 303 del Código Nacional, es excluible en la audiencia intermedia conforme al artículo 346 del mismo ordenamiento.

El artículo 22 de la LGPISDME establece un atenuante específico: si el sujeto activo se desiste espontáneamente de obtener el beneficio dentro de los tres días siguientes a la exigencia, sin que se haya actualizado ninguna agravante, la pena puede reducirse hasta en una mitad. Este atenuante tiene relevancia procesal en casos donde el imputado reconoce haber ejecutado la conducta pero argumenta que nunca llegó a consumarla. No exime de responsabilidad, pero puede modificar el rango de la pena de manera sustancial.

REALIDAD PROCESAL

Lo que realmente pasa en los juzgados

Las Fiscalías construyen la mayoría de sus casos sobre tres apoyos: la declaración de la víctima, los registros telefónicos o de plataformas digitales, y, en menor medida, los movimientos bancarios. Pocas veces hacen un análisis pericial de los metadatos de las comunicaciones para verificar que las grabaciones no fueron editadas, pocas veces verifican la autenticidad técnica de los audios aportados por la víctima, y con frecuencia presentan como prueba imágenes o capturas de pantalla sin la cadena de custodia completa que exige el artículo 227 del Código Nacional.

El cobro de cuotas a comerciantes es, de lejos, la modalidad más recurrente. La estructura del caso es casi siempre la misma: el comerciante denuncia, describe al o a los sujetos, y el Ministerio Público construye la acusación sobre esa descripción más algún registro telefónico. El reconocimiento de personas, para ser válido como prueba, debe cumplir los controles del artículo 208 del Código Nacional: identificación en condiciones que impidan la influencia sobre el testigo, presencia del defensor, acta detallada del procedimiento. Cuando esos controles no se cumplen, el reconocimiento es impugnable y, en muchos casos, es el único dato que vincula al imputado con los hechos.

Otra situación que aparece con frecuencia es la acusación por extorsión en conflictos que son, en su origen, de naturaleza civil o mercantil. Quien exige el pago de una deuda con insistencia y con lenguaje amenazante puede ser denunciado por extorsión; quien cobra una comisión pactada bajo presión puede enfrentar la misma acusación. La distinción entre el ejercicio de un derecho, por agresiva que sea la forma, y la extorsión propiamente dicha, es una frontera que los acusadores cruzan con facilidad cuando la carpeta de investigación no tiene prueba sólida.

PERSPECTIVA JURÍDICA

La carga de la prueba no cambia

La LGPISDME de noviembre de 2025 reordenó por completo el marco jurídico de la extorsión en México. El nuevo sistema es más amplio, tiene penas más altas y su estructura escalonada de agravantes genera una complejidad que la Fiscalía aprovecha para sobreclasificar conductas, activar la prisión preventiva automática y presionar hacia la negociación.

Lo que ninguna reforma cambia es que la carga de la prueba sigue siendo de la acusación y que el estándar para condenar es la convicción más allá de toda duda razonable conforme al artículo 359 del Código Nacional. Ese estándar, exigido con rigor en cada audiencia, sigue siendo el eje de cualquier defensa seria ante una acusación por extorsión. Contacte al Dr. Pablo Abdias Pedroza para analizar su caso.

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes sobre extorsión en México

Las amenazas del artículo 282 del Código Penal Federal consisten en atemorizar a alguien con causarle un mal, y se sancionan con 1 a 5 años de prisión. La extorsión del artículo 15 de la LGPISDME requiere que el imputado obligue a la víctima a dar, hacer o tolerar algo para obtener un beneficio. La diferencia es el resultado exigido: en la amenaza basta generar miedo; en la extorsión la víctima tiene que ceder ante la exigencia.

Depende de la modalidad. Si la Fiscalía imputa solo el tipo básico del artículo 15 de la LGPISDME sin las agravantes de los artículos 17 o 18, no opera la prisión preventiva oficiosa, y el Juez de Control puede imponer medidas cautelares distintas a la prisión, incluyendo garantía económica. Si se imputan agravantes de los artículos 17 o 18, la prisión preventiva es automática y no puede sustituirse.

El artículo 22 de la LGPISDME establece que si el imputado se desiste espontáneamente dentro de los tres días siguientes a la exigencia, sin que se haya actualizado ninguna agravante, la pena puede reducirse hasta en una mitad. No es una causa de extinción del delito, pero puede cambiar el rango de la pena de manera significativa si los hechos se encuadran con precisión en ese supuesto.

La grabación que realiza la propia víctima de una comunicación en la que participa no requiere autorización judicial, ya que no es intervención de comunicaciones privadas de un tercero. Sin embargo, debe cumplir con los requisitos de cadena de custodia del artículo 227 del Código Nacional para no ser excluida. Si la grabación fue editada o no se puede acreditar su integridad técnica, la defensa puede impugnarla en la audiencia intermedia con apoyo de prueba pericial.

El fraude del artículo 386 del Código Penal Federal opera mediante engaño: la víctima entrega algo por haber sido engañada y sin que medie coacción directa. La extorsión opera mediante obligación: la víctima cede porque se le presiona o coacciona. La Fiscalía a veces imputa extorsión en casos donde los hechos corresponden a fraude, por las penas más altas y por la posibilidad de activar la prisión preventiva.

¿Lo acusan de extorsión?

El Dr. Pablo Abdias Pedroza, Doctor en Derecho Penal y Amparo, ha representado personas acusadas de extorsión en toda la República Mexicana. La nueva LGPISDME es más compleja que el derogado artículo 390 del CPF. La sobreclasificación de agravantes puede costarle su libertad provisional desde la audiencia inicial. Actúe antes de que el patrón de la Fiscalía se consolide.

Consultar mi caso ahora

Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana. abdiaspedroza.com

Acusado de transportar drogas: penas y derechos

por

DELITOS CONTRA LA SALUD

Transportación de Narcóticos en México

Acusado de transportar narcóticos: el artículo 194 del Código Penal Federal fija de 10 a 25 años de prisión. El dolo es el eje del caso. Conozca qué debe probar la Fiscalía y qué derechos le protegen.

2 de diciembre de 2025  |  Dr. Pablo Abdias Pedroza

¿Te acusan de transportar narcóticos?

El artículo 194 del CPF fija de 10 a 25 años de prisión por transportar narcóticos. La Fiscalía debe probar tres elementos: la sustancia (dictamen pericial), la conducta de traslado activo, y el dolo —el conocimiento de que se transportaban drogas—. El dolo es el más difícil de acreditar y el eje central de la defensa.

Este artículo explica, desde la perspectiva de la defensa, qué dice el artículo 194 del Código Penal Federal, qué tiene que probar la Fiscalía en cada elemento del tipo penal, cuál es la diferencia decisiva entre transportación y posesión simple, cuándo aplica la prisión preventiva y qué derechos protegen al imputado desde el momento de la detención.

ARTÍCULO 194 CPF

¿Qué dice el artículo 194 del CPF sobre la transportación?

El artículo 194 del Código Penal Federal sanciona con diez a veinticinco años de prisión y de cien a quinientos días multa a quien transporte narcóticos sin la autorización legal correspondiente. La transportación figura, junto con la producción, el tráfico, el comercio y el suministro, en el primer párrafo del tipo penal.

La norma no establece distinción por cantidad: el mínimo de diez años aplica, en principio, a quien trasladó cien gramos y a quien trasladó cien kilogramos. La diferencia de cuantía no opera de forma automática en el tipo básico, sino que el artículo 196 del propio CPF instruye al juzgador a considerarla al momento de individualizar la pena, junto con el tipo de narcótico, el daño o peligro causado a la salud pública y las circunstancias personales del procesado.

La transportación que el artículo 194 del CPF tipifica en su primer párrafo es el traslado de narcóticos de un punto a otro dentro del territorio nacional. Los narcóticos que quedan dentro del catálogo son los que la Ley General de Salud clasifica como estupefacientes o psicotrópicos, y la pericia de química forense es la única vía para acreditar que la sustancia asegurada pertenece a esa clasificación.

CARGA PROBATORIA

¿Qué tiene que probar la Fiscalía para acreditar la transportación?

Para que el tipo penal del artículo 194 del CPF se configure, la Fiscalía debe acreditar tres elementos: la naturaleza del narcótico mediante dictamen de química forense, la conducta de transportación y el dolo —que el imputado sabía que estaba trasladando drogas—.

El elemento sustancia es el que con mayor frecuencia queda debidamente acreditado. La Fiscalía somete el material asegurado a dictamen pericial de química forense; si fue elaborado conforme a las reglas de cadena de custodia del Código Nacional de Procedimientos Penales, suele ser suficiente. Ninguna declaración policial puede sustituir ese dictamen.

La conducta es el más fácil de probar para la Fiscalía. Basta con acreditar que la persona trasladaba el narcótico de un lugar a otro, ya sea en un vehículo, en su cuerpo o en su equipaje. La flagrancia es el escenario habitual.

El dolo es el debate real. Los tribunales infieren el conocimiento de circunstancias: la forma en que el narcótico estaba oculto, la trayectoria del viaje, el comportamiento del imputado y la plausibilidad de su explicación. Cuando ninguna de esas circunstancias está presente, o cuando las que están presentes son ambiguas, el dolo no queda demostrado y el tipo penal no se integra.

TRANSPORTACIÓN VS POSESIÓN

La diferencia que cambia la pena

La transportación del artículo 194 del CPF conlleva de diez a veinticinco años de prisión. La posesión simple del artículo 195 bis del CPF aplica cuando no puede acreditarse el traslado activo ni el destino ilícito del narcótico, con pena de cuatro a siete años y medio. La prueba del dolo es la que define cuál tipo penal se integra.

El artículo 195 bis del Código Penal Federal establece que quien sea encontrado en posesión de narcóticos, pero sin que por las circunstancias del hecho esa posesión pueda considerarse destinada a transportar, traficar o comercializar, responderá por posesión simple con una pena de cuatro a siete años y medio. La brecha es enorme: más de diecisiete años entre el máximo de posesión simple y el mínimo de transportación.

⚖️ Nota importante: Esta distinción no es automática ni depende de un solo criterio. Si la Fiscalía presenta evidencia del traslado activo, de comunicaciones con terceros o de una ruta planeada, el tipo del artículo 194 puede quedar acreditado. Si esa evidencia no existe o es débil, la defensa puede sostener que los hechos encuadran en la posesión simple del artículo 195 bis. Esta discusión puede significar la diferencia entre una sentencia cercana al mínimo de cuatro años y una de diez o más.

PENAS Y PRISIÓN PREVENTIVA

Penas, prisión preventiva y libertad anticipada

La pena base por transportación de narcóticos es de diez a veinticinco años conforme al artículo 194 del CPF. Tras la reforma constitucional publicada el 31 de diciembre de 2024, la Prisión Preventiva Oficiosa aplica de forma automática cuando el caso involucra drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados. Para esos casos el Juez de Control debe imponer prisión preventiva de forma automática, sin necesidad de que la Fiscalía argumente peligro de fuga.

Para los casos de transportación de cannabis, cocaína u otras sustancias que no son sintéticas ni fentanilo, la situación es diferente. La Fiscalía sí tiene la carga de argumentar y acreditar ante el Juez de Control la necesidad de la medida cautelar, conforme al artículo 168 del CNPP: el arraigo del imputado, su domicilio y sus vínculos familiares y laborales. En esos casos, la defensa tiene la posibilidad real de argumentar medidas cautelares distintas a la prisión.

En cuanto a la libertad anticipada, el artículo 85 del CPF restringe su aplicación para los delitos del artículo 194, pero establece una excepción para el imputado primodelincuente que cumpla los requisitos de los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c) del CPF. En la práctica, es una vía que en muchos casos no se explora suficientemente.

REALIDAD PROCESAL

La realidad en los juzgados federales de México

El patrón más frecuente en los juzgados federales es la detención en flagrancia durante un punto de revisión, seguida de declaraciones policiales que afirman el conocimiento del imputado. El problema central es que esas declaraciones suelen presentar uniformidad que la defensa puede señalar como indicativo de construcción retrospectiva, no de percepción directa.

Es conocido entre litigantes que en los casos de transportación de narcóticos muchas declaraciones de los elementos aprehensores presentan un nivel de uniformidad difícil de explicar si cada una describe un evento diferente. Los mismos verbos, la misma secuencia de hechos, la misma descripción del comportamiento del imputado. En la audiencia de debate, esa uniformidad puede ser señalada como indicativo de que las declaraciones no reflejan percepciones directas. El artículo 359 del CNPP establece que la valoración de la prueba debe hacerse de manera libre y lógica, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.

La cadena de custodia es otro flanco que la defensa debe revisar siempre. Si el narcótico fue manejado o preservado con irregularidades que afectan la integridad de la muestra, el artículo 264 del CNPP establece la nulidad de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. No toda irregularidad conduce automáticamente a la exclusión de la prueba, pero sí abre el debate sobre su confiabilidad.

⚠️ Situación de las mulas: También hay que mencionar la situación de quienes son detenidos transportando narcóticos bajo coerción, amenaza o engaño por parte de organizaciones delictivas. En esos casos, el dolo puede estar ausente o verse profundamente afectado. La distinción entre quien actúa libremente y quien lo hace bajo presión directa es relevante desde la perspectiva de la culpabilidad, y es una discusión que los tribunales están jurídicamente obligados a considerar cuando la prueba lo sustenta.

DERECHOS DEL IMPUTADO

¿Qué derechos tiene el imputado acusado de transportar narcóticos?

Presunción de inocencia y carga de la prueba

El artículo 20 constitucional, apartado B, garantiza al imputado el derecho a guardar silencio, a la presunción de inocencia y a defensa adecuada desde el primer momento de la detención. El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refuerza que la carga total de la prueba recae sobre la Fiscalía.

Estándar probatorio y certeza más allá de toda duda

La presunción de inocencia significa que el imputado no tiene que probar que no sabía nada ni que no transportaba. La Fiscalía tiene que probar que sí sabía y que sí transportó, con el estándar de certeza que fija el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si la prueba de cargo es insuficiente, el tribunal debe absolver.

Exclusión de prueba ilícita

El imputado tiene el derecho a que toda prueba obtenida con violación a sus garantías sea excluida del juicio, conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si el narcótico fue asegurado con vulneración al derecho de inviolabilidad del vehículo o del domicilio, esa prueba puede quedar excluida en la audiencia intermedia.

REALIDAD PROCESAL

La Realidad en los Juzgados Federales de México

El patrón más frecuente en los juzgados federales es la detención en flagrancia durante un punto de revisión, seguida de declaraciones policiales que afirman el conocimiento del imputado. El problema central es que esas declaraciones suelen presentar uniformidad que la defensa puede señalar como indicador de falta de espontaneidad.

Es conocido entre litigantes que en los casos de transportación de narcóticos muchas declaraciones de los elementos aprehensores presentan un nivel de uniformidad difícil de explicar si cada una describe un evento diferente. Los mismos verbos, la misma secuencia de hechos, la misma estructura narrativa. La defensa tiene herramientas para cuestionar esa uniformidad ante el juez de juicio oral, aunque hacerlo requiere preparación y conocimiento del expediente desde la etapa de investigación complementaria.

La cadena de custodia es otro flanco que la defensa debe revisar siempre. Si el narcótico fue manejado, preservado o entregado con irregularidades que afectan la integridad de la muestra, el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la nulidad de la prueba obtenida con violación a derechos fundamentales, lo que puede afectar la solidez del dictamen de química forense.

También hay que mencionar la situación de quienes son detenidos transportando narcóticos bajo coerción, amenaza o engaño por parte de organizaciones delictivas. En esos casos, el dolo puede estar ausente o verse profundamente afectado por las circunstancias en que se tomó la decisión de transportar. El miedo insuperable y el error de tipo son figuras que el Código Penal Federal reconoce y que la defensa puede explorar cuando los hechos lo justifiquen.

El dolo no es un detalle procesal: es el eje del que depende, en este tipo penal, todo lo demás.

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas Frecuentes sobre Transportación de Narcóticos

El artículo 194 del Código Penal Federal fija una pena de diez a veinticinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. La pena concreta dentro de ese rango la determina el juez al individualizar, tomando en cuenta la cantidad y tipo de narcótico, el daño o peligro a la salud pública y las circunstancias del hecho.

Sí. El dolo, esto es, el conocimiento de que se estaban transportando narcóticos, es un elemento del tipo penal que la Fiscalía tiene la carga de probar. Si no puede acreditarlo con prueba suficiente, el tipo del artículo 194 del CPF no se integra. El tribunal puede absolver o, en su caso, recalificar la conducta a una figura menos grave.

La transportación bajo el artículo 194 del CPF implica el traslado activo del narcótico y conlleva diez a veinticinco años de prisión. La posesión simple del artículo 195 bis del CPF aplica cuando no puede acreditarse ese traslado activo ni el destino ilícito del narcótico, con pena de cuatro a siete años y medio. La distinción depende de la prueba que la Fiscalía logre presentar y de lo que la defensa logre refutar.

Depende del tipo de sustancia. La reforma al artículo 19 constitucional publicada el 31 de diciembre de 2024 incluyó la transportación de drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados en el catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa. Para otros narcóticos como cannabis o cocaína, la Fiscalía tiene que argumentar y acreditar ante el Juez de Control por qué la prisión preventiva es la medida cautelar justificada.

El artículo 85 del Código Penal Federal restringe la libertad preparatoria en delitos del artículo 194, pero establece una excepción para el primodelincuente que cumpla los requisitos de los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c) del mismo código. La aplicación de esa excepción depende de que la defensa lo solicite oportunamente ante el Juez de Ejecución.

¿Necesita un Abogado en un Caso de Transportación de Narcóticos?

Si usted o un familiar enfrenta una acusación por transportación de narcóticos, el tiempo y la estrategia son determinantes. Conozco los puntos débiles de la acusación y sé cómo construir una defensa sólida desde la audiencia inicial hasta el juicio oral. Contácteme hoy mismo para analizar su caso de forma confidencial.

Consultar al Dr. Pedroza por WhatsApp

SOBRE EL AUTOR

Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal. Se desempeña como abogado litigante especializado en defensa penal y derechos humanos en toda la República Mexicana.

abdiaspedroza.com

Narcotráfico: penas, modalidades y derechos

por

DELITOS CONTRA LA SALUD

Narcotráfico en México

El artículo 194 CPF establece penas de 10 a 25 años de prisión para quien produzca, transporte, trafique o comercie narcóticos. Conozca las modalidades del delito, qué tiene que probar la Fiscalía y qué derechos protegen al acusado.

14 de noviembre de 2025  |  Dr. Pablo Abdias Pedroza

¿Cuántos años de prisión da el narcotráfico en México?

El artículo 194 del Código Penal Federal establece penas de 10 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días multa para quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre narcóticos sin autorización. Con los agravantes del artículo 196 CPF la pena puede llegar a 37 años y medio. No hay sustitución de pena privativa de libertad.

En este artículo el Dr. Pablo Abdias Pedroza analiza cómo funciona el narcotráfico en los tribunales mexicanos: las cuatro modalidades del artículo 194 CPF, qué elementos debe probar la Fiscalía para obtener una condena, el impacto de la reforma constitucional de 2024 en la prisión preventiva, y los derechos que protegen a toda persona imputada por este delito.

MODALIDADES DEL DELITO

¿Qué conductas tipifica el artículo 194 del Código Penal Federal?

El artículo 194 CPF reúne cuatro fracciones distintas: la fracción I sanciona producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar y prescribir narcóticos sin autorización; la fracción II, introducir o extraer del país cualquier narcótico; la fracción III, financiar o supervisar estas actividades; y la fracción IV, hacer publicidad para que se consuman. Cada fracción es un delito autónomo y la Fiscalía debe señalar con precisión cuál imputa.

El propio artículo 194 CPF define los términos que usa. «Producir» significa manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar. «Comerciar» significa vender, comprar, adquirir o enajenar. «Suministrar» es la transmisión material de la tenencia del narcótico, directa o indirecta, por cualquier concepto. La Fiscalía no puede usar estos verbos de forma intercambiable: si acusa por transportar tiene que probar la transportación, y si acusa por comerciar tiene que probar el comercio. Un auto de vinculación que mezcla indistintamente «transportar, comerciar o traficar» como si fueran sinónimos tiene deficiencias en la acreditación del hecho delictivo, y esa imprecisión es terreno fértil para la defensa.

La fracción II merece atención aparte porque cubre la introducción o extracción del país «aunque fuere en forma momentánea o en tránsito». Cuando la introducción o extracción no llegue a consumarse pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo.

ELEMENTOS DEL TIPO

¿Qué tiene que probar la Fiscalía para que se configure el delito?

Para cualquier modalidad del artículo 194 CPF, la Fiscalía debe acreditar: primero, que la sustancia es un narcótico de los señalados en el artículo 193 CPF conforme a la Ley General de Salud; segundo, que el imputado realizó la conducta específica de la fracción que se le imputa; y tercero, que actuó sin la autorización correspondiente que exige la Ley General de Salud. Los tres elementos deben probarse, no uno o dos.

El elemento de «sin autorización» no es un relleno procesal. Las Fiscalías presentan el dictamen de análisis químico y la declaración de los elementos aprehensores, y dan por sentada la ausencia de autorización sin investigarla. La Fiscalía tiene la carga de probar todos los elementos del tipo, incluido este.

El elemento subjetivo es la otra pieza que la acusación frecuentemente descuida. El artículo 194 CPF es un delito doloso: el imputado debe conocer que transporta, produce o trafica un narcótico, y debe querer hacerlo. Cuando alguien es detenido conduciendo un vehículo donde se encontró droga oculta, la Fiscalía suele inferir automáticamente que el conductor sabía de la presencia de la sustancia. Ese conocimiento debe probarse con datos concretos que vinculen al imputado con el narcótico: registros de llamadas, mensajes, movimientos previos, historial de viajes, testimonios. El dictamen de análisis químico acredita qué es la sustancia, no quién la transportaba ni con qué conocimiento.

PENAS Y AGRAVANTES

¿Cuáles son las penas del narcotráfico y cuándo se aumentan?

El artículo 194 CPF establece penas de diez a veinticinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. El artículo 196 CPF prevé que estas penas se aumenten en una mitad cuando concurren siete circunstancias agravantes específicas, que la Fiscalía está obligada a acreditar si las invoca.

Las siete agravantes del artículo 196 CPF son:

  1. Servidores públicos encargados de prevenir, investigar o juzgar estos delitos, o miembros de las Fuerzas Armadas
  2. Que la víctima sea menor de edad o incapaz
  3. Que se utilice a menores de edad para cometer el delito
  4. Que se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión
  5. Lo cometan profesionales de la salud aprovechando esa condición
  6. Que el agente determine a otra persona a cometer el delito aprovechando ascendiente familiar o moral
  7. Que el propietario de un establecimiento lo use o permita que se use para estos fines
⚠ Nota estratégica: Si la Fiscalía invoca alguna agravante y no la prueba en juicio, la pena base no puede incrementarse. Las Fiscalías frecuentemente invocan agravantes en la imputación sin planificar cómo las probarán, lo que genera oportunidades procesales concretas para la defensa.

PRISIÓN PREVENTIVA

¿El narcotráfico tiene Prisión Preventiva Oficiosa?

Sí. El artículo 194 CPF es un delito grave del fuero federal. Con la reforma constitucional al artículo 19 publicada el 31 de diciembre de 2024, el catálogo de la Prisión Preventiva Oficiosa se amplió para incluir expresamente delitos relacionados con la producción, preparación, tráfico, transporte y distribución de drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados, así como los vinculados al desvío de precursores químicos. La misma reforma excluyó expresamente el narcomenudeo de ese catálogo.

La distinción entre narcotráfico federal (artículo 194 CPF) y narcomenudeo (artículo 474 de la Ley General de Salud) no es solo una cuestión de competencia: es una diferencia de consecuencias cautelares radicalmente distintas. Para los delitos del artículo 474 LGS, el Ministerio Público tiene que solicitar la medida cautelar de prisión preventiva y justificarla ante el Juez de Control. Para el narcotráfico del artículo 194 CPF, la Prisión Preventiva Oficiosa opera desde la audiencia inicial, lo que significa que el imputado permanece en prisión durante todo el proceso salvo que la defensa logre impugnar la constitucionalidad de esa medida.

Tipo de delitoArtículoPenaPrisión preventiva
NarcotráficoArt. 194 CPF10-25 añosOficiosa (automática)
Posesión con fines de comercioArt. 195 CPF5-15 añosJudicial (a solicitud del MP)
Posesión sin fines de comercioArt. 195 Bis CPF4-7.5 añosJudicial
NarcomenudeoArt. 476 LGS3-6 añosExcluido de PPO (reforma dic. 2024)

REALIDAD PROCESAL

Lo que realmente ocurre en los juzgados federales

La realidad de los juzgados federales en casos de narcotráfico es que la presunción de inocencia funciona de manera muy distinta a como la describe el artículo 20 constitucional. El patrón de detención más común es el flagrante: elementos de la Guardia Nacional o de corporaciones policiales interceptan un vehículo, registran y encuentran la droga. La investigación, en la práctica, es posterior a la detención: se construye hacia atrás para justificar una aprehensión ya realizada.

Lo que llena los juzgados federales es la detención del transportista, del «mula», de quien llevaba el cargamento sin ser quien lo organizó ni financió, y esa persona enfrenta exactamente la misma pena que el organizador.

Uno de los problemas más graves es la calidad de los elementos aprehensores como testigos. Sus declaraciones siguen casi invariablemente el mismo patrón narrativo, con el mismo vocabulario y los mismos detalles, de una manera sospechosamente uniforme. Por eso la defensa efectiva no empieza en el juicio: empieza en la audiencia inicial, con el control sobre la legalidad de la detención, la cadena de custodia del narcótico desde su hallazgo hasta el peritaje, y la forma en que se acreditó el elemento subjetivo del tipo.

Punto clave: La defensa efectiva comienza en la audiencia inicial, no en el juicio. El control de la legalidad de la detención y la cadena de custodia son el núcleo de la estrategia.

DIFERENCIAS CLAVE

¿En qué se diferencia el narcotráfico de la posesión y del narcomenudeo?

El narcotráfico del artículo 194 CPF (diez a veinticinco años), la posesión con fines de comercio del artículo 195 CPF (cinco a quince años), la posesión sin fines de comercio del artículo 195 Bis CPF (cuatro a siete años y medio), y el narcomenudeo del artículo 476 de la Ley General de Salud (tres a seis años) son figuras distintas con penas distintas, competencias distintas y regímenes cautelares distintos.

El narcotráfico del artículo 194 CPF es competencia federal exclusiva e implica una conducta activa: producir, transportar, comerciar, introducir, extraer. No es un delito de posesión: es un delito de actividad, y esa actividad debe probarse con datos concretos. La posesión con fines de comercio del artículo 195 CPF presume que quien posee una cantidad igual o superior a mil veces las cantidades de la tabla del artículo 479 LGS tiene como objetivo comerciar; esa presunción admite prueba en contrario.

Esta distinción importa para la defensa porque las Fiscalías federales frecuentemente imputan el artículo 194 CPF cuando la conducta demostrada, en el mejor de los casos para la acusación, solo acreditaría el artículo 195 CPF o el artículo 195 Bis. La reclasificación del delito es un argumento de defensa concreto que puede reducir significativamente la pena, y debe estar presente desde la audiencia de vinculación a proceso.

DERECHOS DEL IMPUTADO

¿Cuáles son los derechos del imputado en casos de narcotráfico en México?

El imputado en un caso de narcotráfico tiene los mismos derechos que cualquier imputado: los del artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Presunción de inocencia, defensa técnica desde la detención, derecho a guardar silencio, derecho a conocer los cargos, derecho a ofrecer pruebas y a controvertir las de la acusación.

La presunción de inocencia, reconocida en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, obliga a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos del tipo penal más allá de la duda razonable, conforme al artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En narcotráfico eso significa probar la sustancia, la conducta, el conocimiento y la ausencia de autorización.

El derecho a defensa técnica desde el primer momento de la detención es sistemáticamente vulnerado. Es común que los imputados sean puestos a disposición del Ministerio Público horas después de la detención y hayan firmado documentos o dado declaraciones sin asistencia de defensor. Esas actuaciones son nulas de pleno derecho conforme al artículo 20, apartado B, de la Constitución. Además, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es prueba ilícita y debe ser excluida del proceso conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

«La presunción de inocencia no es una formalidad: es la única garantía que separa una sentencia justa de diez años de prisión preventiva por un delito que nunca se acreditó como la ley exige.»

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que necesitas saber sobre narcotráfico en México

El artículo 194 del Código Penal Federal establece penas de diez a veinticinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. Si concurren agravantes del artículo 196 CPF, la pena puede aumentarse en una mitad, llegando en el máximo a treinta y siete años y medio de prisión. No hay posibilidad de sustitución de la pena privativa de libertad para este delito.
Sí. La transportación de narcóticos está expresamente incluida en la fracción I del artículo 194 CPF como una de las modalidades del narcotráfico, junto con la producción, el tráfico, el comercio, el suministro y la prescripción. No son delitos distintos: la transportación configura el tipo del artículo 194 CPF, con las mismas penas de diez a veinticinco años. La Fiscalía debe probar que hubo transporte efectivo y que el imputado conocía la naturaleza de lo que transportaba.
Sí. El artículo 194 CPF es un delito grave del fuero federal. La reforma constitucional del 31 de diciembre de 2024 al artículo 19 amplió el catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa para incluir delitos vinculados a drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos. Para el narcotráfico federal del artículo 194 CPF, la regla de delito grave se mantiene. El narcomenudeo fue expresamente excluido del catálogo en esa misma reforma.
El artículo 194 CPF es un delito doloso: requiere que el imputado supiera que transportaba narcóticos y quisiera hacerlo. Si no tenías conocimiento de la presencia de la droga, ese argumento es una defensa concreta. La Fiscalía tiene la carga de probar ese conocimiento con datos independientes de la sola presencia del narcótico. Una detención donde la única evidencia es la droga encontrada en el vehículo, sin nada que vincule al conductor con la sustancia, tiene un problema probatorio serio en el elemento subjetivo del tipo.
El narcotráfico del artículo 194 CPF es competencia federal y lleva penas de diez a veinticinco años; lo investiga la Fiscalía General de la República. El narcomenudeo del artículo 476 de la Ley General de Salud es competencia estatal y lleva penas de tres a seis años; lo investigan las Fiscalías de los estados. Las Fiscalías federales tienen incentivos institucionales para imputar el artículo 194 CPF aunque los hechos solo acreditarían el narcomenudeo, por lo que la defensa debe argumentar la correcta clasificación del delito desde la vinculación.
La detención es legal si hubo flagrancia, caso urgente debidamente fundado, u orden judicial. Si no se cumple ninguno de esos supuestos, la detención es ilegal conforme al artículo 16 constitucional y las pruebas obtenidas son ilícitas y deben excluirse del proceso, conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La legalidad de la detención debe impugnarse desde la audiencia inicial: ese momento es crítico y no puede dejarse para después.

¿Lo acusan de narcotráfico? Consulte su caso hoy.

Si usted o un familiar enfrenta cargos por narcotráfico, posesión o transportación de droga, tiene derecho a una defensa técnica desde el primer momento. El Dr. Pablo Abdias Pedroza analiza su caso, protege sus derechos y construye una estrategia desde la audiencia inicial.

Consulta gratuita por WhatsApp

SOBRE EL AUTOR

Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Ha sido Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana.

Delitos contra la salud: penas y defensa

por

DELITOS CONTRA LA SALUD

Delitos contra la salud

Los delitos contra la salud en México están tipificados en los artículos 193 a 199 del Código Penal Federal. Quien produce, transporta o trafica narcóticos sin autorización enfrenta de 10 a 25 años de prisión. El Dr. Pablo Abdias Pedroza analiza los elementos que la Fiscalía tiene que acreditar.

5 de noviembre de 2025 | Dr. Pablo Abdias Pedroza

¿Cuántos años de cárcel dan por delitos contra la salud en México?

Los delitos contra la salud en México están tipificados en los artículos 193 a 199 del Código Penal Federal. Quien produce, transporta o trafica narcóticos sin autorización enfrenta de 10 a 25 años de prisión (art. 194 CPF). La posesión con finalidad de venta o suministro conlleva de 5 a 15 años (art. 195 CPF). Sin embargo, portar narcóticos en cantidades que no excedan la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud para consumo personal no debería derivar en proceso penal. El Dr. Pablo Abdias Pedroza analiza los elementos que la Fiscalía tiene que acreditar para que cualquiera de estas conductas se configure como delito.

Si usted o un familiar enfrenta una imputación por delitos contra la salud, lo primero que debe entender es que el tipo penal tiene requisitos técnicos específicos que la Fiscalía está obligada a acreditar. Esta guía explica los artículos aplicables del Código Penal Federal, las cantidades que se consideran para consumo personal, cuándo aplica la prisión preventiva y cuáles son sus derechos como imputado.

MARCO LEGAL

Los tipos penales de los artículos 193 a 199 del Código Penal Federal

El artículo 193 del Código Penal Federal establece que se consideran narcóticos los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México, y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables. No se trata de una lista cerrada dentro del propio código: el CPF remite directamente a la Ley General de Salud, que en sus artículos 234 a 237 clasifica las sustancias en distintas categorías según su potencial de abuso y uso médico aceptado.

Esto tiene una implicación procesal que a veces se pasa por alto: para que la Fiscalía pueda ejercer acción penal, debe acreditar que la sustancia en cuestión está efectivamente incluida en alguna de esas categorías. Un dictamen pericial que identifique la sustancia y su clasificación legal no es un trámite menor, es un requisito del tipo penal. Cuando ese dictamen tiene errores metodológicos, cuando la cadena de custodia de la muestra fue rota antes del análisis, o cuando la sustancia cae en una categoría ambigua, ahí hay un argumento de defensa real que en los juzgados pocas veces se explora con el rigor que merece.

PENAS APLICABLES

Las penas según el tipo de conducta y el artículo aplicable

Tipo de conductaArtículo aplicablePena de prisión
Producción, transporte, tráfico, comercioArt. 194 CPF10 a 25 años
Posesión con fin de venta o suministroArt. 195 CPF5 a 15 años
Posesión sin destino comercial acreditadoArt. 195 Bis CPF4 a 7 años 6 meses
Consumo personal (tabla art. 479 LGS)Arts. 478–479 LGSSin proceso penal

ARTÍCULOS CLAVE DEL CPF

Qué conductas sancionan los artículos 194, 195 y 195 Bis del CPF

El artículo 194 CPF sanciona con prisión de 10 a 25 años y multa de 100 a 500 días a quien, sin la autorización que establece la Ley General de Salud, produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente, o prescriba narcóticos. También incluye la importación y exportación, el financiamiento de esas actividades y la aportación de recursos económicos para realizarlas.

El artículo 195 CPF establece una figura distinta: la posesión de narcóticos sin autorización cuando esa posesión está destinada a realizar alguna de las conductas del artículo 194, esto es, cuando se posee para vender, suministrar o distribuir. La pena es de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días multa. Esta figura es la más frecuente en la práctica forense porque permite a la Fiscalía ejercer acción penal sin necesidad de acreditar un acto de comercio efectivo: basta con probar la finalidad comercial.

El artículo 195 Bis CPF contempla una variante atenuada: cuando por las circunstancias del hecho la posesión no puede considerarse destinada a realizar las conductas del artículo 194. En ese caso la pena es de 4 años a 7 años 6 meses y de 50 a 150 días multa. La defensa puede construir un argumento sólido para transitar de un artículo 195 a un artículo 195 Bis si logra desvirtuar el elemento de finalidad comercial.

Artículo 194 CPF

Producción, transporte, tráfico, comercio y suministro de narcóticos sin autorización. Pena: 10 a 25 años de prisión.

Artículo 195 CPF

Posesión de narcóticos destinada a vender, suministrar o distribuir. Pena: 5 a 15 años de prisión.

Artículo 195 Bis CPF

Posesión cuando no se acredita destino comercial. Figura atenuada. Pena: 4 a 7 años 6 meses de prisión.

Artículo 196 CPF

Agravantes: pena aumentada en una mitad si el autor es servidor público, militar, profesional de la salud o actúa contra menores.

⚠ Punto clave para la defensa: La diferencia entre el artículo 195 y el 195 Bis puede ser de hasta 11 años de prisión. Desvirtuar el elemento de finalidad comercial es uno de los argumentos de mayor impacto en estos casos.
⚠ Diferencia de hasta 21 años de pena según el artículo aplicable. La distancia entre el mínimo del artículo 195 Bis (4 años) y el máximo del artículo 194 (25 años) puede ser de hasta 21 años de prisión. Una defensa técnica que logre la reclasificación de tráfico a posesión atenuada puede marcar una diferencia sustancial en la condena.

CONSUMO PERSONAL VS. POSESIÓN

La diferencia entre consumo personal y posesión para comerciar

La distinción entre consumo personal y posesión para comerciar determina si una persona enfrenta un proceso penal o puede acogerse a la protección del artículo 478 de la Ley General de Salud. El cuadro siguiente resume los supuestos clave, los artículos aplicables y sus consecuencias jurídicas.

El artículo 478 de la Ley General de Salud establece que el Ministerio Público no ejercerá acción penal contra quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla del artículo 479 de esa misma ley, en cantidades que no excedan las previstas para consumo personal. Esta protección es una garantía legal explícita, pero su aplicación práctica depende de que la defensa la invoque oportunamente desde la audiencia inicial.

El umbral que el propio Código Penal Federal fija para presumir que la posesión tiene fines de comercio está en el artículo 195 CPF: se presume esa finalidad cuando la cantidad es igual o superior a mil veces las cantidades señaladas en la tabla del artículo 479 LGS. Esto significa que entre el límite del consumo personal y el umbral de la presunción de finalidad comercial existe una zona intermedia en la que la Fiscalía no puede presumir el delito: tiene que probarlo.

SupuestoMarco legalConsecuencia
Cantidad ≤ tabla art. 479 LGSArt. 478 LGSSin proceso penal (consumo personal)
Cantidad entre tabla y 1,000x tablaArt. 195 Bis CPFZona gris: la Fiscalía debe probar el destino
Cantidad ≥ 1,000x tabla art. 479 LGSArt. 195 CPFSe presume finalidad comercial (5–15 años)
Tráfico, transporte, producciónArt. 194 CPF10–25 años de prisión

CARGA DE LA PRUEBA

Elementos del Tipo Penal que Debe Probar la Fiscalía

Para que se configure el delito de tráfico conforme al artículo 194 CPF, la Fiscalía tiene que probar tres cosas. Para el delito de posesión con fines de comercio del artículo 195 CPF, la prueba del destino comercial es el elemento central. La norma exige acreditar cada uno: no basta con detener a alguien en posesión de una sustancia.

1
Identificación del narcótico: dictamen pericial que acredite que la sustancia es un narcótico de los previstos en el artículo 193 CPF y en la Ley General de Salud. Sin este dictamen no hay delito.
2
Conducta típica sin autorización: que el imputado realizó alguna de las conductas enumeradas en el artículo 194 CPF —producción, transporte, tráfico, comercio, suministro— sin la autorización que exige la Ley General de Salud.
3
Dolo: que el imputado conocía la naturaleza del narcótico y tenía la voluntad de realizar la conducta. No basta la posesión material; debe probarse el conocimiento.
4
Destino comercial (artículo 195 CPF): que la posesión estaba destinada a vender, suministrar o distribuir. Este es el elemento más controvertido: la cantidad superior a la tabla del artículo 479 LGS genera una presunción, pero el imputado puede desvirtuar el destino comercial con prueba de consumo personal.
⚠ Nota para la defensa: La carga de la prueba del destino comercial recae en la Fiscalía. Si la cantidad supera la tabla del artículo 479 LGS pero no hay otros indicios de comercio (empaquetado, registros de venta, comunicaciones), la defensa puede argumentar que se trata de posesión sin destino comercial conforme al artículo 195 Bis CPF.

La defensa puede cuestionar cualquiera de estos elementos. Si logra crear duda razonable sobre el dolo o sobre la finalidad comercial, el tipo imputado no queda acreditado. Esto puede derivar en una sentencia absolutoria o en la reclasificación del delito a posesión sin destino comercial conforme al artículo 195 Bis CPF, con penas significativamente menores.

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

La Prisión Preventiva en Delitos contra la Salud

Art. 194 CPF — PPO automática

Los delitos del artículo 194 CPF (producción, transporte, tráfico, comercio) están en el catálogo del artículo 19 constitucional. El juez aplica la prisión preventiva de oficio desde la audiencia inicial.

Narcomenudeo (LGS) — Sin PPO

El narcomenudeo del fuero común previsto en la Ley General de Salud NO está en el catálogo del artículo 19 CPEUM. La Fiscalía debe argumentar riesgo de fuga o peligro para la víctima para pedir prisión preventiva.

Reforma constitucional dic. 2024

El artículo 19 CPEUM fue reformado el 31 de diciembre de 2024. Los delitos contra la salud del CPF permanecen en el catálogo de PPO. La defensa debe verificar el texto vigente al momento del hecho.

Revisión periódica de la PPO

Conforme al artículo 165 del CNPP, el imputado puede solicitar la revisión de la medida cautelar cuando cambien las circunstancias que la motivaron. La defensa debe promoverla activamente.

Impugnación de la PPO

La PPO puede impugnarse mediante amparo indirecto. La SCJN ha establecido criterios sobre la proporcionalidad y la necesidad de la medida, incluso tratándose de delitos del catálogo constitucional.

Derechos del imputado bajo PPO

Aun bajo prisión preventiva, el imputado conserva todos sus derechos: derecho al silencio (art. 20-B-II CPEUM), defensa adecuada, presunción de inocencia y a ser juzgado en plazo razonable.

LA PRÁCTICA EN LOS JUZGADOS

Cómo Funcionan Estos Casos en la Realidad de los Juzgados

Quien haya litigado delitos contra la salud sabe que hay un patrón que se repite con demasiada frecuencia: la detención ocurre con motivo de un operativo, la persona trae consigo una cantidad que excede la tabla del artículo 479 LGS pero que no alcanza los umbrales de mil veces esa misma tabla, y la Fiscalía la imputa por el artículo 195 CPF como si la sola tenencia de esa cantidad fuera prueba del destino comercial. No hay material de empaque, no hay báscula, no hay comunicaciones sobre transacciones, no hay nada que hable de comercio, y aun así la calificación jurídica es posesión con fines de venta o suministro, con todos los años de prisión que eso implica.

El Dr. Pablo Abdias Pedroza ha llevado casos de este tipo en toda la República Mexicana. El protocolo de cadena de custodia de la sustancia y la acreditación de la actuación policial son puntos frecuentes de debate durante la audiencia inicial: desde cómo se produjo la detención hasta si el procedimiento de aseguramiento cumplió los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cualquier irregularidad en esa cadena puede abrir la puerta a la exclusión de la prueba por licitud cuestionable, y eso puede cambiar radicalmente el panorama procesal.

Otro patrón conocido entre los litigantes es la acumulación de cargos: la Fiscalía imputa conjuntamente por artículo 194 y por artículo 195 CPF, y a veces agrega la hipótesis del artículo 196 CPF para incrementar la pena cuando el imputado es servidor público o cuando la detención ocurrió en las cercanías de un centro educativo. Cada uno de esos agravantes tiene sus propios elementos probatorios y su propia carga para la Fiscalía; no basta con señalarlos en la imputación, tienen que acreditarse con evidencia específica. Una defensa técnica que obliga a la Fiscalía a probar cada uno de esos elementos puede significar la diferencia entre una vinculación a proceso por tráfico o una vinculación por posesión simple.

«La ley fija umbrales claros: por debajo de la tabla del artículo 479 LGS no hay delito; entre esa tabla y mil veces su valor, la Fiscalía tiene que probar el destino comercial con evidencia real. En la práctica, esa exigencia probatoria se omite con frecuencia, mientras las personas procesadas permanecen detenidas esperando que alguien revise con seriedad lo que realmente se probó.»

— Dr. Pablo Abdias Pedroza, Doctor en Derecho Penal

PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre los Delitos contra la Salud en México

La pena depende del tipo de sustancia, la cantidad y el propósito que la Fiscalía pueda acreditar. Posesión con fines de venta o suministro (art. 195 CPF) va de 5 a 15 años. Posesión sin destino comercial acreditado (art. 195 Bis CPF) va de 4 a 7 años 6 meses. Si la cantidad no supera la tabla del artículo 479 LGS y es para consumo personal, el Ministerio Público no debería ejercer acción penal conforme al artículo 478 LGS. Para conductas del artículo 194 CPF (tráfico, transporte, producción), la pena es de 10 a 25 años.

El artículo 479 de la Ley General de Salud establece las cantidades máximas: cannabis sativa o marihuana, 5 gramos; cocaína, 500 miligramos; heroína o diacetilmorfina, 50 miligramos; metanfetamina, 40 miligramos; LSD o lisergida, 0.015 miligramos. Por debajo de esas cantidades, el Ministerio Público no ejerce acción penal según el artículo 478 de la misma ley, siempre que sea para consumo personal. Superar esa cantidad no significa automáticamente que hay delito de tráfico; la Fiscalía todavía tiene que probar el destino comercial.

El artículo 478 de la Ley General de Salud establece que el Ministerio Público no ejercerá acción penal contra el farmacodependiente o consumidor que porte narcóticos en cantidad igual o inferior a la tabla del artículo 479, destinados a consumo personal. El artículo 199 CPF ordena además que, al conocer que una persona procesada es farmacodependiente, se dé intervención a las autoridades sanitarias. La dependencia química puede ser un argumento relevante en la audiencia de medidas cautelares para oponerse a la prisión preventiva y solicitar una medida menos restrictiva.

La reforma al artículo 19 constitucional publicada el 31 de diciembre de 2024 estableció Prisión Preventiva Oficiosa para los delitos relacionados con producción, importación, exportación, transporte y distribución de fentanilo, drogas sintéticas y precursores químicos. El narcomenudeo fue expresamente excluido de ese catálogo. Para posesiones de pequeñas cantidades sin elementos de crimen organizado, la Fiscalía debe argumentar riesgo de fuga o peligro para la víctima o la sociedad para pedir prisión preventiva justificada; no basta la naturaleza del delito.

El artículo 196 CPF establece que las penas se aumentan en una mitad cuando el delito es cometido por servidores públicos encargados de prevenir o investigar esos delitos, por miembros de las Fuerzas Armadas, por profesionales de la salud que se valgan de su posición, cuando se involucra a menores de edad, o cuando se realiza en centros educativos, penitenciarios o de salud. Cada agravante tiene sus propios elementos probatorios y su propia carga para la Fiscalía; no basta señalarlos en la imputación sin sustentarlos con evidencia específica.

Sí. Desde la audiencia inicial hay mecanismos para debatir la calificación jurídica de los hechos, la suficiencia de la prueba para vincular a proceso y el régimen de medidas cautelares. Durante la investigación complementaria pueden ofrecerse pruebas propias y solicitarse diligencias al Ministerio Público. En juicio oral, la defensa puede contrainterrogar a los peritos y a los testigos de la Fiscalía. El amparo indirecto es la vía para impugnar la prisión preventiva que no cumpla los estándares constitucionales y convencionales.

¿Enfrenta Cargos por Delitos contra la Salud?

Los delitos contra la salud son de los tipos penales con consecuencias más severas del sistema penal mexicano. La diferencia entre una acusación por posesión simple y una por tráfico puede significar años de cárcel. Una defensa técnica, con dominio del Código Penal Federal y la Ley General de Salud, puede cambiar el resultado del proceso.

El Dr. Abdias Pedroza cuenta con maestría en derecho procesal penal, maestría en derechos humanos y doctorado en derecho penal. Consulte hoy su caso.

Platícame tu situación

SOBRE EL AUTOR

Dr. Pablo Abdias Pedroza

Doctor en Derecho Penal y Amparo, con Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría en Derechos Humanos. Ha sido Agente de Investigación Criminal, Fiscal del Ministerio Público y consultor de la Defensoría Pública Federal de los Estados Unidos. Defiende a personas acusadas de delitos complejos en toda la República Mexicana desde su sede en Aguascalientes.

abdiaspedroza.com

Feminicidio: lo que debe probar la Fiscalía

por
Balanza de justicia penal en México representando el equilibrio entre acusación y defensa en casos de feminicidio

DELITOS CONTRA LA VIDA

Feminicidio en México

Qué dice la ley, qué tiene que probar la Fiscalía y qué derechos tiene el acusado. Guía completa por el Dr. Pablo Abdias Pedroza.

19 de octubre de 2025  |  Dr. Pablo Abdias Pedroza

Penas de 40 a 60 años: qué es el feminicidio y cómo se defiende al acusado

El feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal con una pena de cuarenta a sesenta años de prisión. Para que se configure este delito, la Fiscalía no puede limitarse a acreditar que una mujer murió: debe probar que esa muerte ocurrió «por razones de género», lo que implica demostrar alguna de las circunstancias específicas que el mismo artículo establece. El Dr. Pablo Abdias Pedroza, Doctor en Derecho Penal, explica en este artículo qué elementos integran el tipo penal, cómo funciona en la práctica y qué derechos tiene quien es señalado por este delito.

Este artículo analiza el delito de feminicidio desde tres perspectivas esenciales para quien enfrenta una acusación: qué elementos debe acreditar la Fiscalía conforme al artículo 325 del Código Penal Federal, cuál es la diferencia real entre feminicidio y homicidio doloso en términos probatorios, y qué derechos conserva el imputado aun cuando el delito esté sujeto a prisión preventiva oficiosa.

El Dr. Pablo Abdías Pedroza, Doctor en Derecho Penal con especialización en delitos contra la vida, expone en esta guía los criterios que aplican los juzgados, las deficiencias más comunes en las carpetas de investigación y las herramientas procesales que la defensa tiene a su alcance, incluyendo la reclasificación del delito cuando las razones de género no están acreditadas.

TIPO PENAL

Qué dice el artículo 325 del Código Penal Federal

El artículo 325 del Código Penal Federal define el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género, con pena de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. El género de la víctima, por sí solo, no configura el delito.

Esta distinción es el centro de todo conflicto procesal que se genera en estos casos, ya que la ley no define el delito por el resultado (la muerte de una mujer) sino por la motivación (la razón de género). La Fiscalía no puede construir su caso partiendo del hecho de que la víctima era mujer y el acusado es hombre, sino que tiene que acreditar, con pruebas concretas, que en la muerte concurrió alguna de las circunstancias específicas que el propio artículo enumera. El sistema penal acusatorio exige que esa carga la soporte la Fiscalía, no el imputado, conforme al artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora.

RAZONES DE GÉNERO

Las circunstancias que convierten un homicidio en feminicidio

El artículo 325 CPF establece que existe razón de género cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando se le infligieron lesiones o mutilaciones infamantes previas o posteriores a la privación de la vida, incluyendo actos de necrofilia; cuando existían antecedentes de violencia del activo hacia la víctima en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar; o cuando hubo entre activo y víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o de hecho.

El problema que se presenta en la práctica es que las Fiscalías con frecuencia confunden el medio de prueba con el elemento del tipo. Que existan mensajes entre el imputado y la víctima no prueba por sí solo que hubo razones de género; que la víctima sea mujer y el acusado sea su expareja tampoco lo hace sin más. Lo que tiene que acreditarse es la circunstancia específica de la fracción aplicable, con datos de prueba que la soporten directamente. Sin esa acreditación, el delito que corresponde es el homicidio doloso, tipificado en el artículo 307 del Código Penal Federal con una pena de doce a veinticuatro años, y no el feminicidio del artículo 325 con cuarenta a sesenta años. La diferencia no es semántica: son décadas de prisión las que están en juego en esa distinción.

CARGA PROBATORIA

Qué tiene que probar la Fiscalía para acreditar el feminicidio

La Fiscalía tiene que probar dos elementos: primero, que el acusado privó de la vida a una mujer (conducta y resultado típico); segundo, que esa privación ocurrió por razones de género, lo que implica acreditar al menos una de las circunstancias del artículo 325 CPF. Sin los dos elementos probados, no hay feminicidio.

Desgraciadamente, en los juzgados se observa un patrón que genera serios problemas: las Fiscalías vinculan a proceso por feminicidio desde la audiencia inicial con datos de prueba que solo acreditan la muerte, no las razones de género, bajo la premisa de que la investigación posterior completará el cuadro probatorio. Esto tiene consecuencias graves porque el feminicidio está en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, lo que significa que desde el momento en que el juez de control acepta la calificación de feminicidio y vincula a proceso, la prisión preventiva es automática. El acusado queda en prisión preventiva por un delito cuyo elemento central no estaba acreditado al momento de la vinculación. La defensa puede impugnar esa vinculación, porque el estándar del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige que los datos de prueba acrediten el hecho que la ley señala como delito. Cuando las razones de género no están suficientemente acreditadas, la defensa debe solicitar la reclasificación del delito a homicidio doloso, que no está en el catálogo del artículo 19 constitucional y por tanto no genera prisión preventiva automática.

Privación de la vida de una mujer. La Fiscalía debe acreditar que el imputado causó la muerte de la víctima, lo que implica demostrar la conducta, el resultado y el nexo causal entre ambos.

Razones de género. Este es el elemento diferenciador. La Fiscalía debe probar que concurre al menos una de las circunstancias del artículo 325 CPF: signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes, antecedentes de violencia del activo hacia la víctima, relación de parentesco o sentimental, entre otras. Sin este elemento, el delito es homicidio doloso, no feminicidio.

Importante: La reclasificación del delito es una de las herramientas más relevantes de la defensa. Si la Fiscalía no acredita las razones de género, la defensa debe solicitar que el delito se reclasifique a homicidio doloso (artículo 307 CPF, 12 a 24 años), lo que además elimina la prisión preventiva oficiosa, ya que el homicidio doloso simple no está en el catálogo del artículo 19 constitucional.

PENAS APLICABLES

Penas del feminicidio en México: marco federal y ejemplo estatal

La pena federal por feminicidio es de cuarenta a sesenta años de prisión más de quinientos a mil días multa. Por ejemplo, en el estado de Jalisco el Código Penal local contempla igualmente este delito con rangos de pena equivalentes, aunque los artículos y circunstancias específicas varían por entidad. La pena puede agravarse hasta en un tercio en circunstancias específicas: cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, sea adulta mayor o tenga discapacidad, o cuando el sujeto activo sea servidor público que se vale de su cargo.

Además de la prisión, el sentenciado pierde todos los derechos derivados de su relación con la víctima, incluyendo los sucesorios y los relativos a los hijos de ella. Por ejemplo, en el estado de Jalisco el Código Penal local incorpora circunstancias adicionales de «razones de género» que el Código Penal Federal no enumera de forma expresa, como que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o depositado en un lugar específico, que la víctima haya sido aislada o incomunicada antes de su muerte, o que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o la haya sometido a trata de personas. Esta diferencia entre la legislación federal y la local es relevante para la defensa en cualquier entidad, ya que la Fiscalía estatal puede apoyarse en esas circunstancias adicionales y la estrategia de impugnación tiene que analizarlas una por una.

SupuestoPrisiónFundamento
Feminicidio básico (federal)40 a 60 años + 500 a 1000 días multaArt. 325 CPF
Feminicidio agravado (víctima menor, embarazada, adulta mayor, discapacidad o servidor público)Pena aumentada hasta en un tercioArt. 325, último párrafo CPF
Feminicidio en Jalisco40 a 60 años (rangos equivalentes)Código Penal de Jalisco
Homicidio doloso (si se reclasifica)12 a 24 añosArt. 307 CPF

REALIDAD PROCESAL

La realidad procesal: lo que ocurre en los juzgados

La tensión entre la presunción de inocencia y la perspectiva de género es el nudo procesal más complicado en los casos de feminicidio. La perspectiva de género es una herramienta legítima de análisis; lo que no puede hacer, sin violar la Constitución, es invertir la carga de la prueba ni presumir los elementos del tipo que la Fiscalía tiene obligación de acreditar.

En la práctica de los juzgados se observan casos donde la única razón para calificar el homicidio como feminicidio es que la víctima era mujer y el acusado era su pareja o expareja, sin signos de violencia sexual acreditados, sin lesiones infamantes, sin antecedentes de violencia documentados, sin ninguna circunstancia de las fracciones del artículo 325 efectivamente respaldada en datos de prueba. En esos casos, la calificación correcta no es feminicidio sino homicidio doloso, y la defensa tiene no solo el derecho sino la obligación técnica de impugnar esa calificación desde la audiencia inicial. Es conocido entre litigantes que la presión social y mediática en casos de feminicidio lleva a algunos juzgadores a evitar reclasificaciones que técnicamente están justificadas, por lo que la argumentación tiene que ser sólida, precisa y respaldada en los datos de prueba concretos que la Fiscalía presentó o dejó de presentar, no en consideraciones genéricas.

Art. 130 CNPP: El artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. En casos de feminicidio, esto significa que la Fiscalía debe probar tanto la privación de la vida como las razones de género con datos de prueba concretos, no con presunciones basadas en el sexo de la víctima.

DERECHOS CONSTITUCIONALES

Los derechos del acusado en un caso de feminicidio

La acusación por feminicidio no suspende los derechos que el sistema penal acusatorio garantiza al imputado. La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Federal y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aplica con la misma fuerza que en cualquier otro delito, y la carga de la prueba la soporta siempre la Fiscalía conforme al artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El imputado tiene derecho a una defensa adecuada desde el primer acto del procedimiento, lo que incluye el derecho a nombrar a un defensor de confianza, a conocer los cargos en su contra, a ofrecer pruebas en su favor, a no declarar en su contra y a impugnar las resoluciones que le sean adversas. La circunstancia de que el feminicidio esté sujeto a prisión preventiva oficiosa desde la reforma constitucional de 2019 no elimina estos derechos: solo significa que la liberación provisional no es viable mientras el proceso siga calificado como feminicidio. Por eso la reclasificación del delito, cuando las razones de género no están acreditadas, es una de las herramientas más relevantes de la defensa en estos casos. Una defensa técnica informada sobre los elementos del tipo puede identificar cuando la Fiscalía presenta datos de prueba que no alcanzan a demostrar las circunstancias del artículo 325, y puede argumentar esa insuficiencia desde la audiencia de vinculación para evitar que la calificación de feminicidio se consolide sin sustento probatorio.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Los estándares internacionales y la perspectiva de género

La sentencia del caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2009, estableció que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar con debida diligencia las muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Esa obligación recae sobre las Fiscalías, no sobre el imputado.

Lo que esa sentencia ordena es que las Fiscalías investiguen correctamente, buscando con diligencia las circunstancias de género; no que condenen sin pruebas. Si tras una investigación diligente y con perspectiva de género no se encuentran las circunstancias que el artículo 325 establece, la calificación del delito tiene que ser la que los datos de prueba soporten. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Protocolo para juzgar con perspectiva de género, reconoce que esta herramienta sirve para identificar y corregir sesgos en la investigación y en la impartición de justicia, no para suplir la falta de pruebas sobre los elementos del tipo penal. Perspectiva de género y presunción de inocencia no son principios que se excluyan mutuamente: un sistema que aplica uno para eliminar el otro no imparte justicia, la simula.

«El feminicidio es un delito que el sistema penal mexicano construyó para responder a una realidad que durante décadas se ignoró: que las mujeres mueren con frecuencia a manos de quienes las conocían, en contextos de violencia que las autoridades se negaban a investigar con seriedad. La tipificación tiene una razón de ser válida, y la obligación de investigar con perspectiva de género, impuesta por la Corte IDH desde 2009, también la tiene. Pero un sistema que responde a la impunidad histórica hacia las víctimas construyendo una nueva zona de impunidad procesal hacia los acusados no resuelve el problema: lo desplaza. La presunción de inocencia no es un obstáculo para la justicia ni un privilegio del hombre señalado: es la columna vertebral de cualquier proceso penal que quiera llamarse legítimo. Eso aplica también, con la misma fuerza, en los casos de feminicidio.»

PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre el Feminicidio en México

El artículo 325 del Código Penal Federal establece una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, más de quinientos a mil días multa. En el estado de Jalisco, el Código Penal local contempla el mismo rango. La pena puede agravarse hasta en un tercio cuando la víctima es menor de edad, está embarazada, es adulta mayor o tiene discapacidad, o cuando el activo es servidor público que se vale de su cargo para cometer el delito.

La diferencia está en el elemento de «razones de género». El homicidio doloso, tipificado en el artículo 307 del Código Penal Federal con pena de doce a veinticuatro años, requiere solo la intención de privar de la vida. El feminicidio exige además que esa muerte ocurra por razones de género, acreditadas mediante alguna de las circunstancias específicas del artículo 325. Sin ese elemento probado, la conducta no es feminicidio, independientemente del sexo de la víctima.

Sí. La presunción de inocencia está consagrada en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Federal y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La gravedad del delito no la suspende. La carga de la prueba corresponde siempre a la Fiscalía, conforme al artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluye acreditar tanto la muerte de la víctima como las razones de género que configuran el tipo penal.

Sí, y de forma automática. El feminicidio está en el catálogo del artículo 19 de la Constitución Federal desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, lo que obliga al juez de control a decretar la prisión preventiva desde la imputación sin que la Fiscalía deba acreditar riesgo específico. Esto hace especialmente relevante la impugnación de la calificación del delito: si la defensa logra que el juez reclasifique a homicidio doloso, la prisión preventiva deja de ser automática.

Si la Fiscalía no acredita las circunstancias de género durante el proceso, no puede existir condena por feminicidio. El tribunal podría condenar por homicidio doloso si los demás elementos están probados, con una pena considerablemente menor. Por ejemplo en el estado de Jalisco, cuando no se acreditan las razones de género, la pena aplicable es la del homicidio sin calificativas: de ocho a veinte años, no de cuarenta a sesenta.

El procedimiento abreviado es técnicamente aplicable si se cumplen los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluyendo el consentimiento de la víctima indirecta, la aceptación de los hechos por el imputado y la aprobación del juez. El acuerdo reparatorio, en cambio, no procede porque el feminicidio afecta bienes jurídicos que la ley considera indisponibles. En la práctica, la viabilidad del abreviado en casos de feminicidio depende de múltiples factores procesales y su pertinencia como estrategia de defensa requiere análisis caso por caso.

¿Te acusan de feminicidio?

Si enfrentas una acusación por feminicidio en México, necesitas un abogado penalista que conozca los elementos del tipo penal del artículo 325 del Código Penal Federal, que sepa identificar cuando la Fiscalía no ha acreditado las razones de género, y que pueda argumentar la reclasificación del delito cuando corresponda. El Dr. Pablo Abdias Pedroza es Doctor en Derecho Penal y ha defendido casos de esta naturaleza en toda la República Mexicana.

Platícame tu situación

Dr. Pablo Abdías Pedroza Alonso
Doctor en Derecho Penal · Maestro en Derecho Procesal Penal · Maestro en Derechos Humanos
Abogado penalista con más de 10 años de experiencia en defensa penal federal y del fuero común. Especialista en delitos contra la vida, delitos sexuales, delitos contra la salud, amparo penal y derechos humanos del imputado. Autor de este artículo sobre feminicidio en México.

Si usted o un familiar enfrenta una acusación por feminicidio, tiene derecho a una defensa técnica especializada desde el primer momento. Llámenos: la primera consulta es confidencial.